Cámaras con trampa

Edición Impresa » 01/03/2018

Desde hace un tiempo, decenas de varelenses vienen recibiendo multas por infracciones de tránsito detectadas por las cámaras instaladas en puntos neurálgicos de la ciudad.
Entre las que pueden detectarse a simple vista, se encuentran las de Av. Eva Perón y Pueyrredón, frente al Instituto Santa Lucía, Avenida San Martín y Mitre, Avenida San Martín y Alem, Avenida San Martín frente a la Escuela 14, Avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Escuela Homero Manzi, Avenida San Martín frente al supermercado Carrefour, Avenida Novak, y Avenida Calchaquí, una cerca de la ex Terminal de Ómnibus y la otra, frente a la sede de la UNAJ.
Desordenados y acostumbrados desde siempre a la anarquía y la impunidad a la hora de manejar por las calles de la ciudad, muchos automovilistas pusieron el grito en el cielo al enterarse de los montos que debían pagar por cada maniobra irregular realizada. Pero, ¿está el sistema puesto en marcha por la Comuna en condiciones legales de exigir su cumplimiento a los infractores?
De acuerdo a la Ley de Tránsito Provincial, reflejo de la Nacional, y a la que adhieren los municipios como el nuestro, todo método de control de velocidad y el límite máximo al que pueden circular los vehículos tiene que estar debidamente anunciado por lo menos a 500 metros de donde se encuentre el dispositivo de contralor. Esta disposición legal, habitual en las rutas nacionales e internacionales, es una de las que no se cumple en Florencio Varela. Pero no es la única.
La Ley no habla de «cámaras» entre los sistemas utilizables para regular el tránsito, sino de radares y fotomultas. El motivo es evitar una posible manipulación de la grabación, que altere la velocidad del vehículo filmado. Además, los radares y fotomultas tienen que estar homologados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Esta autorización tiene un fundamento: al no existir una autoridad pública que certifique la infracción, el organismo nacional se encarga de dar validez legal al instrumento métrico utilizado para registrar la violación a la Ley. Aquí está la segunda falencia del sistema local: las cámaras no están homologadas. Ni por el INTI, ni por entidad alguna. Y no podrían homologarse porque por su propia naturaleza, las cámaras no dan seguridad jurídica al infractor, al ser susceptibles de edición, y el INTI jamás las homologaría.

¿Y por qué Florencio Varela no utiliza un método de los homologables? ¿Tal vez porque de ser así, debería dar una participación de lo recaudado a la Provincia?
Si bien los Municipios cuentan con cierta libertad para dictar las normas respectivas, siempre que no resulten más beneficiosas que la Ley, ya que se establece que «la autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente», en este caso la instalación de las cámaras no fue ni siquiera tratada por el Concejo Deliberante. Tercera falla.
La cuarta cuestión y no por eso menos importante es determinar si la repentina compulsión de nuestras autoridades por multar automovilistas tiene en realidad el fin de ordenar y dar seguridad al tránsito o un interés meramente recaudatorio. Y la pregunta es válida si consideramos que la única sanción para quien cruce un semáforo en rojo, por citar un caso, es la económica. Al no existir quita de puntos en el Registro de Conductor a nivel local, cualquier persona que disponga del dinero suficiente podría repetir sus infracciones y poner en peligro la vida de los transeúntes todos los días con el único requisito de pasar por caja y abonar las multas correspondientes. Con un agregado: si acepta la culpa, el infractor pagará al instante con una bonificación del 50 por ciento, quedando liberado para volver a hacer lo que quiera al volante de su auto.
Algunas decisiones tomadas últimamente por la Comuna permiten abonar a la teoría de la voracidad recaudatoria: no sólo los controles no están señalizados, sino que dejaron de funcionar en los semáforos las pantallas contadoras, a través de las cuales puede preverse el tiempo restante para cruzar. Sumémosle algo más: algunos semáforos, tal vez la mayoría de ellos, pasan prácticamente del verde al rojo, dándole al amarillo menos de un segundo de duración. ¿Cómo hace alguien que está llegando a un cruce para frenar a tiempo, si ve el verde y el amarillo no le da la posibilidad de detenerse, pasando la luz a roja de forma inmediata? ¿Cuántos accidentes se producen por una frenada intempestiva, sin llegar a prever que otro vehículo venía detrás? La luz amarilla debe durar como mínimo 10 segundos. Así es en todas partes. El caso del semáforo ubicado frente a Carrefour es emblemático: es casi imposible no pasarlo en rojo.
Mientras el Municipio labra actas con sus cámaras irregulares, algo que no existe en localidades vecinas como Quilmes o Berazategui, su total desinterés por solucionar de verdad el caos del tránsito está a la vista.
Para comprobarlo, basta con observar el calamitoso estado de las calles, incluidas las de los accesos a la ciudad, la falta de sendas peatonales, la inexistencia de suficientes reductores de velocidad en las esquinas más complicadas y la carencia absoluta de una política de educación vial seria y consecuente, que busque instruir para prevenir y no recaudar para engrosar los fondos de una administración que hace agua por todos lados.


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