La gente pide seguridad

El asesinato del contador Sebastián Calvi el 28 de octubre pasado sigue sin ser resuelto. Su esposa, Gabriela Bossi, y sus hijas, continúan esperando que alguien les diga quién es el responsable de haber destrozado a su familia.
El brutal hecho conmovió a la comunidad varelense, últimamente habituada a padecer episodios policiales a toda hora y con diferentes escalas de violencia, pero sintiéndose cada día más desprotegida.
Arrebatos de motochorros a toda hora, robos en los que se tiran abajo puertas y se arrancan rejas como una impunidad alarmante, hurtos de ruedas de vehículos estacionados a una cuadra de la Comisaría Primera, y muertes que nunca se aclaran, conforman un panorama desolador, que la Comuna intenta disimular anunciando la incorporación de más patrulleros, que está visto, no alcanzan para detener la ola delictiva.
El 4 de noviembre, a través de una rápida convocatoria realizada por las redes sociales, Florencia Calvi, hija mayor de Sebastián, logró reunir a más de 300 personas que marcharon desde las Fiscalías de Avenida Presidente Perón hasta el Municipio, previa escala en la Comisaría Primera.
Los manifestantes, curiosamente infiltrados por policías de civil, y «vigilados» desde cerca por patrulleros y seudo espías, no fueron recibidos por ninguna autoridad, lo que demuestra la falta de compromiso que invade a nuestros funcionarios, tan alejados como están de la realidad varelense, y tan preocupados por lo que pudiera llegar a pasar en la marcha como para disponer a agentes de seguridad camuflados controlándola.
Ya caída la noche, y con los vecinos, muchos de ellos velas en mano, haciendo oír su grito de «¡Seguridad!!» frente al edificio comunal. Florencia habló con entereza pero con tono firme: «yo no tengo rencores, pero quiero que esto se esclarezca. No se van a olvidar de mi cara porque voy a seguir hasta dar con el responsable de la muerte de mi papá». A su lado, su madre y su hermana menor la escuchaban conmovidas.
El problema de la inseguridad no se soluciona sacando patrulleros a dar vueltas en horas programadas, sino buscando a los delincuentes en sus casas. Dejando de lado toda la farsa «garantista» que este Gobierno, de la mano del juez Zaffaroni y los falsos defensores de los «derechos humanos» nos vienen imponiendo desde hace una década. Ocupándonos de proteger a las víctimas, y no a los que salen a matar y a robar.
Solamente si se va en busca de los que delinquen antes de que lo hagan, se puede detener esta ola de impunidad que el propio Estado ayudó a consolidar. Investigar, allanar, revisar casas y vehículos. Prevenir en lugar de lamentar. Cambiar la forma de dar seguridad. Y si los funcionarios quieren seguir como estamos, porque la inseguridad «no existe» o es «un relato de los medios», como dice el Gobierno y sus bufones a sueldo, que empiecen por andar por la calle sin custodia.
La gente pide seguridad. Porque queremos ejercer el primero de todos los «derechos humanos»: el de seguir vivos.