Siguen las malas noticias para Julio Pereyra y su entorno. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones contra el Juez Luis Armella y la Fiscal Silvia Cavallo, quienes llevan adelante la causa en la que el «barón del conurbano» está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La resolución, que firma el magistrado Gustavo Hornos, da por tierra con la pretensión de otros dos involucrados en la investigación: Francisco «Chicho» Basile, también denunciado en el expediente, y Mirta Luz, histórica Secretaria Privada de Pereyra que quedó comprometida cuando se le encontró una importante suma de dinero al momento de allanarse la Municipalidad, en septiembre de 2016. Curiosamente, el mayor proveedor de la Comuna –Basile- y la funcionaria más cercana a Pereyra –Luz- tienen la misma representación profesional: la del abogado Roberto Ramón Pucciarelli.
El recurso presentado por Luz y Basile pretendía que la actuación de Armella y de Cavallo resultaba «violatoria de la garantía de imparcialidad» y denunciaba una supuesta «movida política electoral» que intentaba favorecer a Elisa Carrió, la denunciante. Pero Casación sentenció que esto se hizo «sin demostrar fundadamente de qué modo se ve afectada la imparcialidad del magistrado ni su posición de neutralidad». Respecto a la Fiscal, la Cámara entendió que «el recusante no demuestra fundadamente de qué modo se ve afectada la ecuanimidad de la representante del Ministerio Público Fiscal, ni su deber de requerir la aplicación justa de la ley».
Avanza la causa
Con el rechazo de este recurso, la causa contra Pereyra y Basile por supuestos enriquecimiento lilícito y malversación de fondos públicos, iniciada por la diputada Carrió con el patrocinio de la abogada Mónica Frade sigue su curso. Además de ellos, están siendo investigadas las ex esposas del funcionario, Beatriz Mohni y Natalia Salas, entre otras personas.
Queda ahora por ver cuál será la velocidad que Armella le imponga al expediente, donde tras un comienzo muy expeditivo, que incluyó el mencionado procedimiento en el edificio municipal y en el Concejo Deliberante local, el magistrado no parece estar muy apurado en llegar al esclarecimiento de los hechos.