El Munigate

El escándalo desatado por el descubrimiento de un gigantesco desfalco en la Municipalidad de Florencio Varela que llevó a once empleados comunales a la cárcel sigue su derrotero en la Justicia y algunos de los acusados podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión.
Los involucrados, que trabajaban en el área de cobranzas de la Dirección de Tránsito, entre ellos cajeros, jefes de cajas, directores, una subtesorera y un tesorero, fueron encarcelados durante casi una semana, pero recuperaron su libertad tras pagar cauciones individuales que fueron desde los 800.000 a los dos millones de pesos. Dos de las investigadas estuvieron bajo prisión domiciliaria, y una de ellas, que estaba embarazada al momento de ser detenida por la Policía, tuvo a su bebé mientras se encontraba privada de su libertad. Todos ellos están imputados por asociación ilícita, desvíos de fondos estatales y administración fraudulenta. El procedimiento con el que se lo detuvo fue de características casi cinematográficas: los arrestos se realizaron a la misma hora, entre las 6 y las 7 de la mañana, y se los llevó esposados hasta las dependencias policiales. A los hombres se los alojó en un pequeño calabozo de la Comisaría Primera y luego se los trasladó a la Alcaidía de La Capilla.
El caso tiene varios ribetes insólitos. Entre ellos, que una funcionaria de primera línea de la Comuna se haya presentado en por lo menos dos domicilios de los arrestados -acompañada por un ex funcionario municipal- para llevarles el dinero de sus fianzas. ¿Les habrán pagado también a sus abogados? La explicación que se da off the record es que el episodio esconde una lucha de fuerzas dentro del poder político local, y que alguien no previó que la denuncia iba a terminar por llegar tan alto. Daños colaterales, que les dicen.
Además, no dejó de llamar la atención que dos empleados que habían descubierto el posible affaire y se lo comunicaron a su superiora hayan terminado como denunciados. Y que una empleada del área de Tránsito que está sumariada administrativamente no haya sido acusada penalmente.
El Fiscal Darío Provisionato, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº1, apeló las excarcelaciones, por entender que no existen motivos que las justifiquen. Además, se conoció que uno de los jerárquicos involucrados solicitó permiso para viajar al exterior durante un mes y medio, petición que sería denegada.
De todos modos, con los acusados en prisión o en la calle, el caso continuará su curso y se resolverá en un juicio que podría llegar a hacerse con el sistema de jurados, pero no será rápido, ya que se realizaría en no menos de dos años.

El hecho tomó estado público a través de un comunicado de la Comuna que, en abril pasado, hablaba del hallazgo de inconsistencias en sectores de cobranza durante «un relevamiento de rutina», y del inicio de acciones contra empleados del área en cuestión, que no identificó. Según Mi Ciudad pudo reconstruir, fueron directores del Municipio los que durante un arqueo encontraron un «sobrante» de dinero en una caja y un supuesto «ticket apócrifo» en otra, llevando esta información a su superiora y dando inicio a una actuación interna.
Ya en mayo, otra vez fue el área de Prensa del Municipio la que difundió el tema. Con una nota que tituló «Detención preventiva de empleados y empleadas comunales», se envió un texto que insólitamente no decía ni una palabra sobre ese enunciado. Pese a ello y como siempre, el texto fue reproducido «en cadena» por varios medios.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Comuna, Daniel Dono Leidi, dijo en una entrevista al Canal 26 que la «anomalía» se descubrió «en un control de caja» y que además de realizarse la denuncia penal, se armó un expediente interno que tiene más de 800 páginas. El funcionario también informó que el Municipio se presentó en la justicia como «particular damnificado». El Juez Adrián Villagra, del Juzgado de Garantías Nº8, es quien lleva adelante el expediente.