Punteros políticos se quedaban con la plata de los beneficiarios de planes sociales

Tres punteros políticos que se quedaban con plata de beneficiarios de planes sociales de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, fueron encarcelados, como resultado de una investigación judicial.
Los tres sujetos fueron procesados por la jueza Alejandra Provítola por considerarlos miembros de una asociación ilícita que extorsionaba a por lo menos 25 personas carencientes para sacarles una comisión de sus asignaciones. Fueron apresados mientras operaban un cajero automático en CABA, en una maniobra que recuerda a la de «Chocolate» Rigau, puntero kirchnerista de La Plata, a quien se detuvo cuando cobraba sueldos de supuestos empleados de la Legislatura Bonaerense.
La jueza, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, les dictó prisión preventiva, dispuso un embargo sobre sus bienes y la prohibición de acercamiento a las víctimas.
Los tres detenidos están acusados de cobrar las tarjetas de débito de por lo menos 25 personas vinculadas a «Barrios de Pie» y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
Según trascendió, los imputados hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez concedido, les exigían un porcentaje del subsidio. Las víctimas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus claves de acceso, para que efectuaran las extracciones. También, eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa y asistir a marchas.

Nuestra denuncia

En abril de 2015, Mi Ciudad dedicó su portada a una denuncia sobre el manejo de los movimientos sociales en Florencio Varela.
Valeria Mingorace, vecina del Kilómetro 26, declaraba entonces en nuestro medio: «Nos amenazan con darnos de baja de las cooperativas si no vamos a los actos de Cristina y de Pereyra, y por no ir a un acto, nos rebajan entre 800 y 1000 pesos de lo que cobramos».
Valeria era una de las cientos de beneficiarias del Plan «Argentina Trabaja» integrado por cooperativas destinadas a realizar tareas de mantenimiento y limpieza a cambio de un subsidio mensual de 2600 pesos por cabeza.

La cooperativa que Valeria presidía era «Evita Pueblo», formada por trece personas y era responsable de las refacciones de la Escuela 30 del Barrio Malvinas, la Escuela 63 de Santa Rosa, y los clubes Diamante de San Jorge y Juan Pablo, de La Sirena, entre otras, además de limpiar las calles y paseos del Kilómetro 26.
Valeria relató a Mi Ciudad lo que le tocó padecer, junto a otras compañeras: «en agosto del año pasado el funcionario del área de Desarrollo Social de la Comuna Carlos Vera quiso hacerme firmar unos papeles muy insistentemente, y me negué porque tenía que ir a atender a mi padre, que tiene EPOC. Desde entonces, él y su gente empezaron a cuestionarnos, a decirnos que no hacíamos bien nuestras tareas, cuando no era así. Nos mandaban a hacer pegatinas de la campaña de Taiana… Hasta obligaban a pegar carteles abajo del sol a una señora que tiene Parkinson . Después vinieron las vacaciones y cuando nos reincorporamos, Vera nos dijo que había disuelto el grupo, y reubicó a la gente en otras cuadrillas. Y me dijo que me desplazaron de mi cargo de presidenta. La persona que quedó a cargo de mi grupo no se despegaba de mí. Mi papá está enfermo y yo tengo que comunicarme bastante seguido con él, pero no me dejaba hacerlo. Hasta que decidí irme».
Las dudas y sospechas de Valeria ante la insistencia en que firmara aquellos documentos tenían sus motivos:
«Tony Suárez me llevaba al Banco Provincia de La Plata, a firmar cheques, junto a otros directivos de la cooperativa. No sé para qué eran, pero él me llevaba en su auto particular. Me decían que no podía hablar ni preguntar y por miedo a que me hagan descuentos o me den de baja, me callé la boca. Después descubrí que yo tenía una clave fiscal que en realidad nunca manejé. A mí me habían llevado a la AFIP del Cruce Varela y cuando me dieron la clave se la llevaron sin que yo pudiera verla», agrega. «Alarmada, y ante la posibilidad de que alguien estuviera manejando fondos o una cuenta con mi nombre sin que yo lo supiera, fui a la AFIP de Capital a decir lo que me pasaba. Ahí me enteré de que sigo inscripta como presidenta, y que tengo una matrícula que no sé para qué se usa. Y me dijeron que manejar la clave fiscal de otra persona es un delito», señala.
Hubo más. Valeria agregó: «por no ir a un acto político nos están descontando entre 800 y 1000 pesos, y si uno no va tiene que mandar un reemplazo, al que hay que pagarle un mínimo de 100 pesos para los gastos».
-¿Cuáles son los actos a los que los obligan a ir?
-A todos los actos en los que la Presidenta habla en Plaza de Mayo, o en algún otro lado, en Capital o en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires, y también a los actos del Intendente Pereyra, a los plenarios, a los que vienen Carlos Kunkel o Cristina Fioramonti, a los actos de Taiana… Teníamos que estar en La Patriada, en el Club Nahuel, en Ingeniero Allan, en Hudson, en La Carolina…
«También nos hacen pagar un bono, supuestamente voluntario, de 50 pesos, todos los meses, para el funcionamiento de la oficina de la cooperativa. Y si no se paga dentro de los 10 primeros días del mes, empiezan a correrle faltas a la persona que no haya pagado», aseguró Valeria.
La mujer realizó sendas denuncias ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en las que afirmó que se le impedía el acceso a los libros de actas de la cooperativa y que «fue separada de su cargo de presidenta sin la realización de asamblea alguna», acusando a Suárez y Vera de usar su clave fiscal y su matrícula, y de hacer trámites con ellas sin su consentimiento, además de todo lo antes relatado.
La denuncia, como es de imaginarse, no prosperó. Pero recordarla sirve para demostrar un mecanismo de explotación de los carecientes que perdura en el tiempo, llevado a cabo por aquellos que dicen «representar al pueblo», luchar por la «justicia social» y ser los «herederos de Perón y Evita», mientras se enriquecen a expensas de los que menos tienen.