Que el que las hace, las pague

En los últimos días, se conoció que la Justicia desarticuló una banda de pedófilos, uno de cuyos cabecillas operaba tranquilamente desde su celda de una de las Unidades Carcelarias de Florencio Varela. Disponiendo libremente de su teléfono celular, el sujeto, que cumple una condena a 50 años de prisión por abuso reiterado, distribuía y vendía imágenes de pornografía infantil, algunas de chiquitos de ocho y nueve años. Entre el material que el delincuente traficaba, habían fotos y videos de niños que él había abusado en su domicilio en La Matanza. 21 personas quedaron detenidas por la investigación, que incluyó la liberación de 70 menores, según se informó. Los chats de quienes integraban la banda y sus perversos consumidores son francamente irreproducibles.
La aberrante noticia puso el foco en una cuestión que indigna: ¿por qué los presos de la provincia de Buenos Aires disponen libremente de celulares, que utilizan para estos y otros delitos, como las muy habituales estafas virtuales que con innumerables metodologías les permiten seguir delinquiendo sin consecuencia alguna? La respuesta es simple: los presos usan celulares porque el gobernador Kicillof les otorgó tal privilegio durante la Pandemia, y la medida nunca fue revocada, del mismo modo que en esa época, centenares de malandras de toda laya fueron liberados «por razones humanitarias» y nunca más volvieron a la cárcel. Coherencia pura de un signo político, el kirchnerismo, que, yendo un poco más atrás en el tiempo, a través del llamado «Vatayón Militante», también organizaba salidas temporales de reclusos para llevarlos a «eventos culturales». Salidas que incluyeron, sin ningún prurito colectivista de los que nos tienen acostumbrados, a un conocido femicida. Kirchnerismo, dicho sea de paso, que no por casualidad es siempre el partido que más votos tiene entre la población carcelaria.
El tema de los celulares solo es la punta del iceberg. El «garantismo» que de la mano de Zaffaroni, el juez que consideró que un abuso no era tal con la luz apagada, reinó entre los «progres» que nos gobernaron durante gran parte de los últimos años, dejó su secuela y su herencia. Todavía estamos infectados por decenas de magistrados que permiten que asesinos, violadores y golpeadores salgan una y otra vez a seguir ejerciendo su violencia con total impunidad. ¿Qué se puede esperar de un sistema legal que permitió que a un delincuente como Amado Boudou se le reduzca la pena en diez meses por haber cursado clases de «organizador de eventos» y de electricidad mientras estuvo preso? ¿Qué de una Justicia que le dio a Menem, otro condenado, una banca en el Senado e inmunidad hasta su muerte? ¿Qué de un país donde la multiprocesada y condenada Cristina Kirchner sigue dando cátedras de moral como si fuera la Madre Teresa de Calcuta?
Somos muchos los que estamos cansados de la romantización y la justificación de los que delinquen. Y los que estamos hartos de los privilegios de los ladrones de guantes blancos, que nunca caen.
Desde el Gobierno se repite como un mantra una frase tan antigua como contundente: «el que las hace, las paga». Es hora de que las palabras se conviertan en una realidad. Nadie pide que no se respeten los derechos de los que delinquen. Lo que exigimos, es que se atiendan los derechos de sus víctimas. Es tiempo de que los que tengan miedo sean los corruptos, los ladrones y los asesinos y no los trabajadores y la gente de bien.