Por Alejandro César Suárez | @alecesarsuarez
Los dos recientes fallos que intentaron limitar o directamente anular la Ley Penal Juvenil dejaron a las juezas que los dictaron al borde del juicio político y de una posible destitución.
Los dos recientes fallos que intentaron limitar o directamente anular la Ley Penal Juvenil dejaron a las juezas que los dictaron al borde del juicio político y de una posible destitución.
Tanto la magistrada Marta Pascual, la ex funcionaria peronista que quiso frenar la aplicación del nuevo régimen penal –que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años- en toda la provincia de Buenos Aires, como su par Laura De Marinis, que sobreseyó a un delincuente de esa edad –y que hace unos años también benefició a otro menor que con un cobarde golpe a traición dejó discapacitado a un playero de la ciudad de Buenos Aires- son la cara visible de «una justicia que no hace justicia», y exactamente todo lo contrario a lo que la sociedad honesta y trabajadora reclama a gritos.
Claro que estas juezas no son una excepción, sino el reflejo extremo de una doctrina nefasta, el «Garantismo», que contaminó a la justicia argentina durante más de dos décadas -y cuyo mayor exponente fue Raúl Zaffaroni, a quien le escuché decir en la Facultad de Derecho que «un automóvil estacionado en la calle es una cosa abandonada»- a través de la cual se romantizó la delincuencia y se le reconocieron más derechos a los criminales que a sus víctimas.
Los ejemplos sobran. Y no sólo se trató de instalar una especie de «culpa social» por las condiciones de vida que supuestamente llevaron a una persona a delinquir, sino que se validó a los delincuentes de todas las formas posibles. Desde las declaraciones públicas de dirigentes como el hoy diputado Juan Grabois, quien dijo «si me hubiera tocado salir a juntar cartones, yo andaría de caño» o el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien lanzó que «si un muchacho quiere vivir de lo ajeno que lo haga con códigos», hasta acciones concretas como permitir el uso de celulares y aplaudir la formación de «batallones militantes» en las cárceles bonaerenses, o la masiva liberación de convictos durante la Pandemia. Desde las redes sociales que prohíben un desnudo pero no a los energúmenos que suben fotos mostrando sus armas, hasta la absurda tolerancia de las despedidas con tiros al aire cuando el muerto es un chorro o un asesino. Desde las canciones que transforman a los malvivientes en ídolos, algunas cantadas en actos oficiales durante el kirchnerismo, hasta los bizarros programas de televisión que los entrevistaban para que cuenten sus hazañas como si fueran dignos de verse y escucharse.
Fueron años de soportar todo esto. Y la gente se cansó. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Y si el Congreso aprobó una ley, todos -principalmente los jueces- tienen que respetarla y cumplirla.
Y para aquellos magistrados que se auto perciben como ultra humanistas, y dejan libres una y otra vez a sujetos que vuelven y vuelven a robar, violar y matar, podríamos sugerir que les den cobijo en sus hogares a todos los pobres angelitos que dicen proteger. Tal vez así hasta logren regenerarlos y reinsertarlos en la sociedad, y todos saldríamos ganando.
Ya lo decía el General; mejor que decir es hacer. Es muy fácil ser generosos con la plata ajena, y progresistas con la seguridad de los demás.