Los centros de adictos en riesgo
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01/06/2013
La pobreza del gobernador bonaerense Daniel Scioli no deja de sorprender. No se trata de una pobreza franciscana, para ponerse a tono con el nuevo Pontífice de Roma. Tampoco es austeridad.
Es solo una carencia de recursos que, lejos de afectar la dieta de los legisladores o integrantes del Ejecutivo, repercute directamente en programas sociales, integradores, como son los Juegos Buenos Aires La Provincia , aquellos que se llamaron Torneos Bonaerenses, y que cada año le daban la oportunidad a jóvenes y abuelos de mostrar aquello de lo que era capaces en un amplio abanico de disciplinas.
Este año no habrá torneos, los pibes y los mayores no podrán competir durante los meses previos, para disputar en el último tramo de 2013, como cada año, las finales en Mar del Plata.
Cuestiones de coyuntura, se argumentará. Falta de fondos. Problemas de coparticipación. Lo que no hay es plata, excusas sobran.
Sin embargo, los actuales problemas monetarios del ex piloto de lanchas devenido en político, tiene otro lado aún mucho más riesgoso en materia de desinversión.
Los educadores, los médicos, los integrantes de la justicia y los estatales no cesan en sus reclamos, pero tienen voz y visibilidad a la hora de plantearlos.
Quienes, en cambio, no tienen chances de expresar el abandono de que son objeto son aquellos que, enfermos según una calificación que ya nadie discute, intentan superar alguna adicción que los tiene prisioneros.
Del dicho al hecho
Numerosos refranes populares se avienen perfectamente a esta situación: as lo que yo digo, y no lo que yo hago», o bien, «No solo hay que serlo, sino también parecerlo». O incluso aquel que pone a alguien en el lugar del tero: «Pega el grito en un lado, pero pone los huevos en otro».
Así están las cosas en el territorio bonaerense, donde cuando se necesita echar mano a un golpe de efecto mediático contra la inseguridad, repentinamente el Gobernador acompaña a algún jefe policial en un mega operativo contra el narcotráfico. Como espasmódicas son las acciones represivas contra los traficantes, erráticas son las políticas preventivas para con los adictos.
Los Centros de Prevención de las Adicciones (CPA) de la provincia, y en particular en el Conurbano bonaerense, donde la extensión del flagelo de la droga es mucho mayor, vienen sufriendo recortes presupuestarios y enormes déficits de atención, uno tras otro.
Para dejar en claro que la problemática no responde a una crisis coyuntural, vale señalar que hace más de un año, en abril de 2012, cerraba el Pabellón de la Subsecretaría de Asistencia a las Adicciones en Open Door.
Para entonces, el CPA de Bolívar había dejado de funcionar por falta de profesionales, el de Berazategui llevaba nueve meses de deuda en su contrato que lo dejaron al borde del cierre, aunque hoy logra mantenerse abierto, pero casi sin posibilidades reales de atención.
En Miramar, San Miguel, San Jorge, Ramos Mejía, Ezeiza y Malvinas Argentinas había problemas de sostenimiento que fueron llevando a su cierre.
El de Villa Irati, en Quilmes, había pasado por idéntica situación en el último tramo de 2011.
En ese marco, en Florencio Varela se había producido el incendio intencional de la sede de Tucumán y Lavalle, que llevó luego a que no se pudiera contar con el espacio para la contención de los adictos. Meses después, se retomó el servicio, en la sede de avenida San Martin 215, entre Rivadavia y Vélez Sarsfield.
Esta sede permaneció algún tiempo cerrada como consecuencia de la demora en el pago de alquileres, que estuvieron a punto de no ser renovados. La regularización de la situación permitió la reapertura del Centro, aunque su funcionamiento se encuentra hoy limitado por las reducciones presupuestarias.
El reclamo invisibilizado
Pese a que en la apertura de la Asamblea Legislativa del año 2009 Scioli había prometido elevar la Subsecretaria de Adicciones al rango de Secretaria, la situación no se modificó.
No sólo los adictos que encuentran un oasis de esperanza en los CPA son los afectados que no pueden dar visibilidad a sus padecimientos, los trabajadores del estado que integran la Subsecretaria de Adicciones bonaerense, también realizaron un planteo a través de su Junta Interna. Nucleados en ATE y CTA, no lograron hacer públicos sus planteos, que solo son propalados por ambos gremios.
Según alertan los trabajadores que se desempeñan en los CPA, más del 90 por ciento de ellos se encontraban y se encuentran en condiciones laborales precarias, como «contratados» o «tercerizados».
También alertaron sobre el cierre de las dos unidades de desintoxicación, que habían alcanzado características modelo en el país, al tiempo que no se renovaron alquileres, no se aumentó el presupuesto del área, y se produjeron fuertes atrasos en el pago de haberes a los empleados de los CPA por espacio de varios meses, que sistemáticamente fueron siendo resueltos, para luego volver a generarse el atraso.
La crisis del Cevareso
El Centro Varelense de Rehabilitación Social (CEVARESO) es el equivalente local del CENARESO, funciona desde hace años sin que se den a conocer de manera oficial los logros institucionales, los avances en materia de prevención de adicciones, y las estadísticas de casos de enfermos que lograron superar esa instancia.
Mi Ciudad accedió a informes brindados por trabajadores que se desempeñan en el marco de esa institución, quienes aseguran que existen numerosos problemas internos; los cuales estarían dados por la difícil relación entre los conductores «políticos» designados por la administración municipal y los profesionales en temáticas de salud y salud mental que trabajan junto a los concurrentes.
El manejo de los fondos destinados al Cevareso sería la principal razón de la disputa entre el personal con formación idónea y los conductores políticos. Claro que, como siempre ocurre ante las desavenencias que incluyen a funcionarios designados por la administración de Julio Pereyra, los trabajadores no se atreven a elevar sus planteos por encima de sus inmediatos superiores, para llevarlos a la Secretaria de Salud de la Comuna.
En favor de los privados
En el apartado www.sada.gba.gov.ar/institucional/rct.php, de la web de la Subsecretaria de Salud Mental y Atención a las Adicciones (SADA), el Estado provincial promociona la actividad privada en el marco de la atención de adictos.
Allí pone a disposición formularios para todas aquellas «comunidades terapéuticas» que busquen integrarse a trabajar con la administración bonaerense, para lo cual recibirán subvenciones.
Parece un detalle que impulsa la acción privada, pero sin embrago, se trata de una forma más de tercerización de servicios elementales que debieran estar en manos del Estado.
Así planteado, el escenario muestra que no existe un sincero interés de la administración de Daniel Scioli en hacer frente a la problemática de las adicciones. Y Florencio Varela es uno de los distritos que paga un alto precio por esa decisión. La franja vulnerable de nuestra ciudad que constituyen aquellos varelenses que tienen problemas con las drogas y buscan una salida, hoy no tiene respuestas suficientes.
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