A 20 años de “La Voz del Campo”

Hablar de obreros esclavizados en pleno siglo XX, en una Comuna conducida por un intendente «peronista», hoy devenido en paladín de los «derechos humanos» parece una novela, pero fue parte no tan lejana de la historia política varelense.
En 1995, cuando el Presidente Carlos Saúl Menem tenía el camino allanado hacia su reelección, gracias al «Pacto de Olivos» con Raúl Alfonsín y la reforma constitucional, la Argentina exhibía impúdicamente la convertibilidad de «un dólar, igual a un peso» y la «pertenencia» al «Primer Mundo», mientras las fábricas seguían cerrando y la pobreza creciendo.
En ese panorama, el Conurbano mostraba alarmantes cifras de desocupación. Y Florencio Varela no podía ser la excepción. Por eso, cuando el Intendente Julio Pereyra llamó a decenas de desocupados a sumarse a un original emprendimiento cooperativo, muy pocos pudieron rechazarlo.
La promesa era tentadora: trabajar seis horas diarias para cosechar verdura en distintos campos varelenses, a cambio de 200 pesos mensuales aportados por la ANSES y una organización en forma de cooperativa que les permitiera en un futuro ser sus propios patrones. La convocatoria fue un éxito: unos 200 hombres y mujeres comenzaron a trabajar en cuatro campos locales con esperanza y entusiasmo.
En diciembre de ese año, el propio Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, vino a F. Varela y elogió la iniciativa tras recorrer los campos. Un envalentonado Pereyra, aunque rengo y con muletas tras haberse caído pocos días antes del lomo de una yegua, declaró entonces que el funcionario iba a tomar la idea «para reproducirla en otros distritos».
Julio González, uno de los trabajadores que se unió al programa, lo recordó así: «se pretendía activar cerca de 600 quintas que estaban paralizadas o abandonadas… Trabajarían 1500 personas… Pereyra hizo la primera reunión en plena campaña de 1995, con toda la gente de la agrupación política «30 de Marzo», entre ellos, Genaro Simioli y su esposa Marta, Hugo Pereyra, Adriana Bustamante y Amancia Báez. Dijo que iba a convocar a los desocupados, pero convocó a gente que figuraba en el padrón del justicialismo. A cada puntero le dio un grupo. Vos tráeme diez, vos tráeme quince… Y terminaron acercándose unas 200 personas».
Rosa Bienvenida Rodríguez, otra de las trabajadoras explotadas, contó: «Pereyra nos dijo que los tres primeros meses íbamos a cobrar 200 pesos, y que más adelante tendríamos un sueldo de 600 o 700 pesos, siempre trabajando seis horas por día».
Pero las cosas fueron muy diferentes.
Así lo resumió Rosa: «La única semana en que trabajamos seis horas fue la primera. Después… Los campos no tenían nada, ni una casilla en donde hacer un mate o un árbol para guarecerse. Trabajábamos con herramientas caseras, acarreábamos agua del campo de al lado para regar surcos de más de 100 metros con regaderitas de mano… No teníamos baños. Otra que la época de los esclavos. En 1995, a nosotros nos esclavizaron». Y agrega: «mi hija Beatriz perdió un bebé de tres meses y medio. Pidió faltar porque no se sentía bien y le dijeron que no, que tenía que seguir… La obligaron a seguir trabajando… «

-¿Quién se lo dijo?

– Daniel Zisuela.

Pese a todo, Rosa sostuvo siempre que la idea original era buena. «Si lo hubieran hecho bien, esto hubiera funcionado. Porque se cosechó muchísimo, venían camiones con el logo de la Municipalidad y se llevaban la verdura… Ganas de trabajar no nos faltaron nunca. Pero nos usaron como animales, y nos hacían trabajar la tierra con nuestras manos…».

Beatriz Silva, quien también trabajó en el proyecto, contó cómo hacían para ir al baño: «a campo abierto. Estábamos obligados a ir a los yuyos, aunque yo trataba de no ir. Pero imagínese, después de tantas horas trabajando a veces no había otro remedio…».
Otra de las obreras de «La Voz del Campo», Marta Méndez, agregó: «salíamos de casa a las cuatro de la mañana y trabajábamos hasta que era de noche. Catorce, quince horas… El sol nos mataba, pero había que hacerlo… No teníamos baños. Gracias a los compañeros varones, cuando estábamos indispuestas nos tapaban espalda contra espalda para que pudiéramos cambiarnos…

-¿Qué comían?

-Teníamos un pan y lo compartíamos entre veinte personas. O un mate cocido…».

Carlos Lizondo, quien también trabajó en esos campos, sumó su testimonio: «Ví a gente con hambre, hirviendo un poco de verdura para tener algo que comer al mediodía».
Claro que, además de las inhumanas condiciones de trabajo, que hicieron que algunos de ellos cumplieran jornadas diarias de hasta 16 horas, hubo algo peor: los obreros nunca cobraron lo pactado por las tareas realizadas.

 

La denuncia

 

El 27 de junio de 1996, medio centenar de los trabajadores de «La Voz del Campo» denunciaron penalmente al Intendente Pereyra, sus concejales Amancia Báez, Rafael Miranda y Daniel Zisuela, los funcionarios Genaro Simioli, Marta Duarte de Simioli y Adriana Bustamante, y al comerciante Héctor Faldetta por «enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho». La causa, con el número 14.004, fue radicada ante el Juez Marcelo Dragui y contó con el patrocinio letrado de la Dra. Mónica Frade. Al mismo tiempo, se iniciaron cinco causas laborales contra Zisuela, Simioli, Duarte, Bustamante y Báez.
El derrotero del expediente penal es increíble. Después de Dragui pasó al Juez José Villafañe, y con la reforma judicial de 1998, al juez José Nerguizián, que sin haber hecho nada en dos años se apartó de la causa, que pasó al Juez Elio Ojeda. Ojeda también se declaró incompetente tras un año y medio, y el caso terminó en el despacho del Juez Federal Manuel Blanco, que jamás tomó una resolución al respecto, salvo negarle oportunamente al Intendente Pereyra su pedido de «extinción» de la acción penal. Blanco murió el año pasado, sin que haya más noticias del juicio.
En cambio, las demandas laborales llegaron a buen puerto, y Zisuela, Simioli, Duarte, Bustamante y Báez fueron condenados a pagarles a los damnificados las sumas reclamadas, más sus intereses.
Carlos Kunkel, siendo Secretario de Coordinación del Municipio, también actuó como abogado defensor de algunos de los acusados.
Los intentos para que los denunciantes se desdijeran o abandonaran sus reclamos fueron varios. A algunos se los cooptó con dinero o puestos laborales, y con otros no fueron tan sutiles. A Rosa Rodríguez le mataron a su perro, le incendiaron la casa, un encapuchado quiso secuestrar a su hija y la amenazaron para que cesara en sus pretensiones, cosa que no lograron.
La cantidad de pruebas ofrecidas por la abogada Frade fue apabullante. Y la magnitud del escándalo sumó voces de gran valor reclamando por su esclarecimiento. Entre ellas, las del diputado nacional Alfredo Bravo, el Obispo Monseñor Jorge Novak, y la Hermana Marta Pelloni, quienes apoyaron contundentemente a los trabajadores esclavizados. Sin embargo, la Justicia Penal prefirió mirar para otro lado.

 

Nada se pierde

 

Entre los numerosos puntos oscuros de la causa, se destacan los siguientes:

-Hubo un subsidio de 100.000 dólares girado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para el proyecto, cuyo destino real jamás se conoció.

-Se calcula que el total de la venta de la verdura producida fue de alrededor de 3 millones de pesos (y de dólares, en épocas del uno a uno). Nunca se supo quien se quedó con ese dinero.

-La Cooperativa no presentó sus balances ni estados contables y no tenía registros. Pese a ello recibió 50.000 pesos de la Municipalidad de los que no rindió cuentas.

-Hubo un subsidio de 10.000 pesos por parte de la Comuna donde se cita a «La Voz del Campo» como una «entidad de bien público», pese a que su status era de «cooperativa en formación».

-Se realizaron pagos a empresas cuyos titulares eran funcionarios municipales. Es el caso de INVOTS S.A. y OMNITEX SRL.

-Entre las facturas presentadas por la Comuna a la auditoría de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, existen algunas con inconsistencias entre sus números de CUIT, titulares y domicilios y también, pagos hechos a empresas inexistentes.

-Un hermano de crianza del Intendente Pereyra, el abogado Jorge Dolabjián, era síndico de la cooperativa y también, gerente de un mercado, Merval, que compraba verdura de «La Voz del Campo».

-La verdura era retirada en camiones de la Municipalidad de Florencio Varela, y hay numerosos testimonios que aseguran que el concejal Daniel Zisuela actuaba como «patrón» del emprendimiento, pagándoles a los trabajadores –en algún caso, 46 pesos por todo un mes de labores- y entregándoles para que firmaran recibos escritos de puño y letra por él. Marta Duarte de Simioli, que figuraba como presidenta de la cooperativa -según ella, a pedido del Intendente Pereyra-, también fue sindicada como otra de las personas que «pagaban» a los obreros.

-Francisco Benzi, un periodista y dueño de un cable de la ciudad de Bosques, auto identificado como «servicio secreto» de la Policía Federal, le hizo una cámara oculta a Zisuela, acusándolo de ofrecer dinero a los denunciantes para desdecirse. La grabación pudo verse en el programa «Contrareloj», que Jorge Pizarro conducía por América TV. El ciclo fue levantado pocos días después.

-En agosto de 1998, el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Díaz, entregó al Presidente Menem un informe con doce casos que estaban siendo investigados por posibles hechos de corrupción. Entre ellos, incluyó a «La Voz del Campo».

-El juez Ojeda, tal vez el único que aportó algo al esclarecimiento del caso, dijo: «lejos de contarse en los campos con la tecnología prometida, solo había palas, zapines y rastrillos y el riego era efectuado en forma manual por los trabajadores… Si existieron los subsidios, estos fueron desviados hacia otros lugares y en beneficio de otras personas».

-El Juez Federal Jorge Ballestero, la Secretaria Federal Agustina Rodríguez y el Fiscal Adjunto Pablo Recchini aseguraron que «con el pretexto de constituír un fondo municipal de apoyo al desarrollo productivo, el Intendente Julio Pereyra solicitó un subsidio de 100.000 pesos a la Secretaría de Desarrollo Social, que fue abonado». También, que la rendición de cuentas fue cuestionada por ese organismo, que intimó a la Comuna a devolver el dinero, y que «existen fuertes indicios de que dichos fondos habrían sido sustraídos por los propios funcionarios que debían invertirlos y administrarlos».

 

20 años después…

 

A dos décadas del mayor escándalo de la historia varelense, no muchas cosas cambiaron en nuestra ciudad. Julio Pereyra sigue siendo Intendente, es un ferviente apóstol del kirchnerismo y pretende continuar en su cargo al menos por otros cuatro años. Daniel Zisuela es concejal por el Frente Renovador de Sergio Massa, y quiere la Intendencia. Además, es dirigente deportivo y líder de los gastronómicos de la zona. Simioli y su esposa ya no figuran como empleados de la Comuna. El primero estuvo preso por irregularidades durante su paso como consejero escolar. Amancia Báez alternó estos años como funcionaria y edil y ahora ocupa una banca en el Concejo Deliberante. Miranda y Bustamante siguen siendo empleados municipales y de Faldetta ya no se sabe mucho, después de una serie de problemas que tuvo en su campo de recreación «Naturaleza Viva».
El caso de «La Voz del Campo» nunca se resolvió penalmente, pero al menos los juicios laborales obligaron a los demandados a pagarles a los trabajadores lo que les debían.
A 20 años, solo una cosa queda clara: mientras algunos conservarán por siempre la dignidad y valentía de haberse enfrentado al Poder sin ceder a presiones ni tentaciones, otros llevarán eternamente sobre sus cabezas la mancha de la corrupción más vil. La que se construye sobre el hambre y las necesidades de aquellos a los que se dice representar y defender.