“Nos obligan a ir a los actos de Cristina y de Pereyra”

«Nos amenazan con darnos de baja de las cooperativas si no vamos a los actos de Cristina y de Pereyra, y por no ir a un acto, nos rebajan entre 800 y 1000 pesos de lo que cobramos».

Las palabras de Valeria Mingorace, vecina del Kilómetro 26, suenan firmes y francas. Llegó a la Redacción de Mi Ciudad acompañada por sus compañeras de tareas Ivana Herrera y Laura González.
Pero la convocatoria compulsiva a los actos de la Presidente de la Nación no es la más grave de sus denuncias.
Valeria es una de las cientos de beneficiarias del Plan «Argentina Trabaja» que, en nuestra ciudad, integran cooperativas destinadas a realizar tareas de mantenimiento y limpieza a cambio de un subsidio mensual de 2600 pesos por cabeza.
Pero desde hace unos meses, el trabajo de Valeria se transformó en una pesadilla. Y los responsables a los que apunta son el ex concejal kirchnerista, ahora en un puesto provincial, Antonio «Tony» Suárez y el funcionario municipal Carlos Vera.
La cooperativa que Valeria preside nació bajo el nombre de «El Complejo» hace alrededor de cinco años y hoy se llama «Evita Pueblo», tiene su sede en un local de la calle Valentín Gómez, del Barrio Chacabuco, está formada por trece personas y es responsable de las refacciones de la Escuela 30 del Barrio Malvinas, la Escuela 63 de Santa Rosa, y los clubes Diamante de San Jorge y Juan Pablo, de La Sirena, entre otras. Hace dos años que limpia y cuida las calles y paseos del Kilómetro 26.
Valeria relata a Mi Ciudad lo que le toca padecer, junto a otras compañeras: «en agosto del año pasado el funcionario del área de Desarrollo Social de la Comuna Carlos Vera quiso hacerme firmar unos papeles muy insistentemente, y me negué porque tenía que ir a atender a mi padre, que tiene EPOC. Desde entonces, él y su gente empezaron a cuestionarnos, a decirnos que no hacíamos bien nuestras tareas, cuando no era así. Nos mandaban a hacer pegatinas de la campaña de Taiana… Hasta obligaban a pegar carteles abajo del sol a una señora que tiene Parkinson . Después vinieron las vacaciones y cuando nos reincorporamos, Vera nos dijo que había disuelto el grupo, y reubicó a la gente en otras cuadrillas. Y me dijo que me desplazaron de mi cargo de presidenta. La persona que quedó a cargo de mi grupo no se despegaba de mí. Mi papá está enfermo y yo tengo que comunicarme bastante seguido con él, pero no me dejaba hacerlo. Hasta que decidí irme».

Las dudas y sospechas de Valeria ante la insistencia en que firmara aquellos documentos tenían sus motivos:
«Tony Suárez me llevaba al Banco Provincia de La Plata, a firmar cheques, junto a otros directivos de la cooperativa. No sé para qué eran, pero él me llevaba en su auto particular. Me decían que no podía hablar ni preguntar y por miedo a que me hagan descuentos o me den de baja, me callé la boca. Después descubrí que yo tenía una clave fiscal que en realidad nunca manejé. A mí me habían llevado a la AFIP del Cruce Varela y cuando me dieron la clave se la llevaron sin que yo pudiera verla», agrega. «Alarmada, y ante la posibilidad de que alguien estuviera manejando fondos o una cuenta con mi nombre sin que yo lo supiera, fui a la AFIP de Capital a decir lo que me pasaba. Ahí me enteré de que sigo inscripta como presidenta, y que tengo una matrícula que no sé para qué se usa. Y me dijeron que manejar la clave fiscal de otra persona es un delito», señala.

Militancia pagada

Pero Valeria va más allá: «por no ir a un acto político nos están descontando entre 800 y 1000 pesos, y si uno no va tiene que mandar un reemplazo, al que hay que pagarle un mínimo de 100 pesos para los gastos».
-¿Cuáles son los actos a los que los obligan a ir?
-A todos los actos en los que la Presidenta habla en Plaza de Mayo, o en algún otro lado, en Capital o en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires, y también a los actos del Intendente Pereyra, a los plenarios, a los que vienen Carlos Kunkel o Cristina Fioramonti, a los actos de Taiana… Teníamos que estar en La Patriada, en el Club Nahuel, en Ingeniero Allan, en Hudson, en La Carolina…

Diezmo para la Corona

Y hay más: «también nos hacen pagar un bono, supuestamente voluntario, de 50 pesos, todos los meses, para el funcionamiento de la oficina de la cooperativa. Y si no se paga dentro de los 10 primeros días del mes, empiezan a correrle faltas a la persona que no haya pagado», asegura Valeria.

Amenazas y miedo

Avalando la postura de Valeria, 12 trabajadores presentaron en la Comuna una nota el 2 de febrero pasado: «a partir de la fecha, nosotros, cooperativistas que maneja el señor Carlos Vera y el señor Antonio Tony Suárez, dejamos de ir a trabajar por maltratos, humillación y amenazas que recibimos por parte de ellos o de personas que ellos mandan. Pedimos que se forme una cuadrilla nueva y que nuestra presidenta siga siendo la señora Valeria Gisela Mingorance…» . El escrito tiene una muy especial postdata: «queremos que protejan nuestro sueldo».
La mujer realizó sendas denuncias explicando todo lo señalado ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en las que afirma que se le impedía el acceso a los libros de actas de la cooperativa y que «fue separada de su cargo de presidenta sin la realización de asamblea alguna», acusando a Suárez y Vera de usar su clave fiscal y su matrícula, y de hacer trámites con ellas sin su consentimiento, además de todo lo antes relatado.
En la nota enviada al INAES, termina pidiendo por favor «que se investigue este caso, y la nueva apertura de una cuadrilla, para poder cumplir con nuestro trabajo sin amenazas de descuentos, sin humillación y sin que nos saquen la plata por no ir a un acto político» y agrega «si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago totalmente responsables a los señores Antonio Tony Suárez y Carlos Vera».
El 20 de febrero, una carta con copia de estas denuncias llegó a manos del Secretario de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de la Municipalidad de Florencio Varela, Manuel Passalaqcua.
Valeria tiene miedo. Por varias razones. El jueves 19 fue amenazada por una militante de la agrupación que lidera Suárez en el Kilómetro, quien le dijo «no sabés donde te estás metiendo. Vas a ver lo que te va a pasar. Y hasta me dijo que ella estaba robando para ellos desde 2005, y eso no le molestaba». El hecho ya fue denunciado en sede policial.
«La mayoría de las cooperativistas somos mujeres solas… Si nos llega a pasar algo, ¿Quién se va a hacer cargo de nuestros chicos?», nos dice Valeria, que es madre de dos menores de 7 y 8 años de edad.
Además, su temor recorre otros caminos: «Imagínese si algún día cae este Gobierno y se empieza a investigar… Yo aparezco firmando un montón de cheques, o con una cuenta, y no sé nada…», grafica.

«Quiero decirles que cuando recién lo escuchaba al intendente de Florencio Varela relatar sus encuentros con Néstor allá por el 2002, cuando él todavía era gobernador de la provincia de Santa Cruz y junto con Carlos Kunkel soñaban con poder darle a Varela lo que Varela se merecía, esta humilde Argentina conocía Varela, no es por nada, no es por disputar nada, pero esta humilde argentina como había nacido en La Plata conocía Varela de siempre. ¿Y sabés qué? A Varela la conocías de pasada. A Varela la conocías cuando te ibas de La Plata por la Río de la Plata, en el colectivo, a Buenos Aires, pero de pasada, nadie paraba en Varela», decía la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, al presentar el Plan Progresar, en febrero de 2014.
Sin embargo, parece que hay cosas que nunca van a cambiar.
El tiempo pasa en Florencio Varela, pero hoy como ayer, la política sigue siendo una gigantesca maquinaria de utilización de la gente de menores recursos, para beneficio de una clase dirigente que descubrió que no hay mejor manera de vivir, que vivir del esfuerzo ajeno.