IDAI: el escándalo que viene

Otra irregularidad echa sombras sobre la administración comunal. El IDAI (Instituto para el Desarrollo del Agrupamiento Industrial Florencio Varela), quedó en un limbo legal tras una serie de desprolijas decisiones del Intendente Pereyra.
Pese a que el director ejecutivo del ente debe ser nombrado por el Departamento Ejecutivo con acuerdo previo del Concejo Deliberante, el Intendente designó a Alfredo Junco en el cargo sin consulta alguna, por dos mandatos consecutivos. En ambos casos, se envió el nombramiento al Concejo con posterioridad. Esto, la primera vez se zanjó por la “mayoría automática” del kirchnerismo, pero en mayo último, los concejales lo rechazaron, dejando en la nebulosa todo lo actuado por el organismo en estos meses, al igual que rechazaron la rendición de cuentas del ente.
Junco, con categoría de Secretario, cobraba, por obra y gracia de Pereyra, un 60 por ciento más de sueldo en concepto de “dedicación exclusiva” a su tarea. Pero nunca se supo en qué consistían sus labores, ni en dónde estaba su oficina. Esta especie de dedicación “full time” también sirvió como argumento para que otros funcionarios del IDAI, con rangos menores, cobraran sus haberes con un incremento del 40 por ciento.
El presupuesto que manejaba el IDAI no era menor: oscilaba en unos 8 millones de pesos anuales, gran parte de ellos destinados precisamente a su personal, que no llegaba a 10 empleados.

El mandato de Junco venció el 30 de junio de 2015, y Pereyra lo prorrogó por dos años a través de un decreto, pero el jefe comunal decidió disolver el IDAI antes de fin de año. ¿Cómo lo hizo? A través de otro decreto. Su supuesta disolución nunca fue tratada –y mucho menos autorizada- por el Concejo Deliberante.
En supuesto “reemplazo” del IDAI, el Intendente creó la Secretaría de Industria y Producción, al frente de la cual… nombró a Junco. Aún como Director Ejecutivo del IDAI, el funcionario habría firmado un acta de traspaso de todo lo que constituía el IDAI a dicha Secretaría. El acto también se hizo sin intervención de los concejales.
Nadie sabe en qué condición están ahora los bienes del IDAI. De las 133 hectáreas originales, 73 fueron vendidas a la empresa PISA, y 60, ubicadas sobre la Ruta 36, quedaron para el organismo. Tampoco se sabe si su personal sigue cobrando, fue dejado cesante, o fue reubicado en otros sectores de la Comuna. Ni cuanto dinero hay en sus cuentas ni cuáles son sus deudas, si las tiene.
La operación de compraventa por la cual la Comuna se deshizo de la mayor parte del terreno destinado al futuro “Parque Industrial” no es menos llamativa, ni menos desprolija.
Tras el paso de la firma Málaga en 2011 y 2012 para iniciar las obras en el lugar, en 2013 la Comuna resolvió dejar en manos privadas lo que había sido un “caballito de batalla” de Pereyra y de la propia Cristina Kirchner, que en un errático discurso incluyó al “Parque Industrial de Florencio Varela” como uno de los “logros de su gestión”, pese a que en el sitio sólo había pastizales altos y ratas gordas.
Fue en ese año cuando la firma PISA (Parques Industriales S.A.), compró 73 hectáreas del “Parque” a un precio increíblemente ventajoso: 12.700.000 pesos, a pagar en cinco años con un interés mínimo. Eso sí, en la operación, se comprometió a invertir unos 50 millones de pesos más en las obras necesarias para hacer del Parque un lugar apto para la radicación de industrias. Pero hay un detalle: el acuerdo también incluía la llegada de fondos desde el Gobierno Nacional –unos 30 millones de pesos- para hacer obras en el predio.
Hoy, las 73 hectáreas fueron subdivididas en parcelas, y la inmobiliaria Adrían Mercado y otras firmas del rubro ofrecen en Internet el metro cuadrado en ellas a un valor de 90 dólares. Es decir que, pagando 12.700.000 pesos en cinco años, más 50 millones en gastos, tal vez un poco más por la inflación, PISA ganará alrededor de 45 millones de dólares. Todo eso, mientras el Gobierno Nacional, por “herencia recibida”, debe seguir haciendo obras en el Parque, ya privatizado.