Chicho S.A.

En la serie «Los gozos y las sombras», que transcurre en Pueblanueva del Conde en los años previos a la Guerra Civil española, Cayetano es un nuevo rico que se convirtió en «el dueño del pueblo», a quien responden autoridades y pobladores. A su mesa se juntan diariamente un grupo de parroquianos que aunque se ríen junto a él lo desprecian a sus espaldas. En Florencio Varela también hay un «dueño del pueblo» aunque con una historia diferente.
Francisco «Chicho» Basile, ex convicto y acusado de vínculos con la dictadura, es en la actualidad el mayor proveedor de la Comuna. Asfaltos, la recolección de basura y otras actividades están bajo su órbita. Y los negocios no le van nada mal. Por eso, la diputada Elisa Carrió apuntó directamente a su figura en la ampliación de la denuncia contra el Intendente Julio Pereyra por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
En el escrito presentado ante la Justicia con el patrocinio de la abogada Mónica Frade, Carrió remarca que Basile «pese a su inscripción impositiva como monotributista I es titular, sólo en la provincia de Buenos Aires, de 35 inmuebles en Chacabuco, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General Pueyrredón, San Martín, General Viamonte, Lomas de Zamora, La Matanza, Pergamino, Quilmes, Rojas, Coronel Rosales y Hurlingham».
Además, sostiene que «a cargo de Basile se consumaron los delitos de sustracción de fondos públicos, defraudación a la administración pública y evasión, dinero ilegal que se fue blanqueando, entre otras cosas, mediante la adquisición de inmuebles».
Carrió denuncia que Basile maneja varias firmas proveedoras del Municipio: entre ellas, la Cooperativa 31 de Mayo, CCM S.A., Servicios y Gestión S.A. y Ture S.A.

«La 31 de Mayo»

La «31 de Mayo» tiene domicilio en la calle Vicente López 379 de Florencio Varela. En su directorio hay tres miembros de la familia Basile. Además de Chicho, sus hijos Lorena y Marcelo. Junto a ellos figuran Carlos Troncoso como Presidente, Hugo Moschini como Tesorero y Jesús González como Secretario. Marcelo Basile es el «apoderado» de la cooperativa. Con un estatuto aprobado por el INAES el 28 de diciembre de 2011, se inscribió como proveedora de la Comuna el 5 de marzo de 2012.
Moschini registra en su historial laboral con fuentes en AFIP y ANSES, «Servicios y Gestión SA» y CCM S.A., integrando como presidente la sociedad EGS S.A. (Boletín Oficial Pcia. de Buenos Aires Nro. 26.130). Troncoso, jubilado, residiría en San Bernardo, Partido de la Costa. Y González, de 72 años, es monotributista categoría I, y según Carrió, «fue prestanombre, siendo utilizado por Basile en su propia orfebrería societaria, resultando inicial Presidente de las siguientes sociedades: CCM S.A., asociado con Carlos Alberto Miño, Ture S.A., asociado con Barbara Menniti, Servicios y Gestión S.A., asociado con Fabio Corsini, y Varela Seguridad Privada S.A.», según consta en diversas publicaciones del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
Agrega Carrió que «La cooperativa es sinónimo de Pereyra-Basile. Por su intermedio ha transitado parte de sendos procesos de enriquecimiento ilícito».

Servido en bandeja

La forma en que la Cooperativa «31 de Mayo» se quedó con un contrato millonario por la recolección de la basura en Florencio Varela no será recordada por su transparencia.
Cuando en 2012 el Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a adjudicar el servicio, hubo dos empresas que se presentaron a la licitación: HAUSA (Higiene Ambiental Urbana S.A., vinculada a la familia Di Cola, de Berazategui, durante décadas dedicada a esa actividad) y la desconocida Cooperativa 31 de Mayo Ltda. Se exigía prestar el servicio de lunes a sábados, en 11.300 cuadras de la ciudad, 4611 de las cuales están pavimentadas, y 6689 son de tierra. Se requerían 40 camiones de una antigüedad no mayor de 15 años, con un chofer y dos recolectores por vehículo.
Aunque la «31 de Mayo» no tenía la logística necesaria, y ni siquiera contaba con los camiones, el Intendente Pereyra le adjudicó el negocio, que por entonces era de unos 77 millones de pesos. Lo hizo a través del decreto 3151, en 2013. Pero le faltaba algo para darle formalidad legal: la aprobación del Concejo Deliberante. Sin embargo, el expediente no fue tratado por los concejales.
Ante la cercanía de la fecha de inicio de su gestión, la «31 de Mayo» pidió una insólita prórroga de 180 días que la Municipalidad alegremente le concedió. En ese lapso, compró 25 camiones a HAUSA y alquiló otros a la misma empresa y a la firma «Servicio y Gestión S.A.», cuyo presidente era Francisco «Chicho» Basile.
Entre los 25 vehículos adquiridos a HAUSA, había tres modelos 1977 (patentes NGU 610, NLQ 564 y NRF 055), dos modelos 1979 (patentes WRO 123 y WHI 979), otros modelos 1984, 1987, 1988 y 1992. Y hasta un camión modelo 1952 (Patente WPM 322). Entre los alquilados, hay modelos 1983, 1984 y 1972. Y la violación a la cláusula de antigüedad se repite, inclusive, en los camiones propios de la Cooperativa. Hay un modelo 1969 (patente XEZ 727), un modelo 1970 (patente WNQ 504), un modelo 1972 (XJM 198) y un modelo 1981 (XBL 149).
El pliego licitatorio exigía que quien se ajudicara la recolección de residuos debía disponer de un taller propio para reparar y atender sus vehículos. Pero «La 31» no lo tenía, lo que solucionó destinando a tal fin los talleres de «Servicios y Gestión», también situados sobre la Avenida San Martín, donde funcionaron instalaciones de la empresa «30 de Agosto SRL» (la 500) .
Sus carencias, que en condiciones normales tendrían que haber impedido su acceso al servicio licitado, fueron reconocidas por la propia cooperativa, que a fojas 11 del expediente confesó: «el relativamente corto período de existencia de nuestra entidad en algunos aspectos no nos permite cumplimentar exigencias que se convierten en naturales, en sociedades más antiguas» (sic).

Pero nada fue obstáculo para que la «31 de Mayo» se quedara con el millonario contrato, tomando a su cargo la recolección de la basura el 1 de mayo de 2014, pasando así a embolsar 7 millones de pesos mensuales, el contrato más alto que paga el Municipio.
Según fuentes del Concejo Deliberante, en la actualidad estaría en vigencia otro contrato, firmado con una UTE también armada por Basile, que cobraría no menos de 10 millones de pesos por mes, lo que da 480 millones en cuatro años. De acuerdo a esas mismas fuentes, aunque el servicio se factura de lunes a sábados en las 11.300 cuadras de la ciudad, hay muchas calles de tierra a las que los camiones nunca ingresan y en muchos barrios solo se recoge la basura dos o tres veces a la semana.
Una pista de esto puede encontrarse en el Boletín Oficial de 2016, publicación extractada Nº 11, donde aparece un contrato entre la Municipalidad por un lado, y la UTE Higiene Ambiental Urbana S.A. y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en la Recolección de Residuos 31 de Mayo Ltda.. por el otro. El objeto: la recolección de residuos. Y una perlita: se incorporan los domingos y feriados como «servicio adicional», lo que no figuraba en el contrato original.
Claro que aunque durante los feriados no había recolección, esos días también se facturaron y pagaron, al menos durante 2014 y 2015. Esto está comprobado por un informe del CEAMSE. Lo curioso –o no tanto- es que ese informe fue contestado por la entidad a requisitoria del Concejo Deliberante local, pero su respuesta fue ocultada por el Departamento Ejecutivo.

Todos para uno

Sólo en los últimos dos años, y a través de tres empresas, Basile habría recibido por parte de la Municipalidad de Florencio Varela, casi 315 millones de pesos. De este monto quedan excluidos los obtenidos por la recolección de basura y otras actividades.
Durante 2015, a través de cuatro licitaciones públicas, 23 licitaciones privadas y siete compras directas, «Servicios y Gestión S.A.» recibió obras por 153.985.205 pesos, y Ture S.A., mediante nueve licitaciones privadas, obtuvo 4.203.989 pesos. Las compras directas fueron el botín más grande para «la 31»: la Nº 4 significó un total de 36.040.463,37 pesos, la Nº 5 otros 28.075.647,13 pesos y la Nº 8, 30.537.467,55 pesos.
En 2016, Servicios y Gestión recibió obras por 147.159.251 pesos, Ture S.A. lo hizo por 1.903.820 pesos, y CCM S.A., otra empresa citada por Carrió en su denuncia, logró contratos por licitación privada por 7.704.588 pesos. Nuevamente se destacan las compras directas que favorecieron a «la 31»: la 5, por 87.017.210,44 pesos, y la 7, por 32.408.427,50 pesos.

La historia de Chicho

Más allá de las versiones que vinculan a «Chicho» a sectores de la represión de la década del 70 y lo acusan de «marcar» compañeros a las autoridades, cuando era un obrero que prestaba servicios en el sector «Pinturas» de la fábrica zonal de Peugeot, su irrupción en la política varelense se remonta a 1983, cuando, con el retorno de la Democracia, llevó a Julio Carpinetti a la intendencia, y asumió la secretaría de gobierno de esa gestión. Su puesto le duró apenas 33 días, cuando carpinetti lo echó en medio de acusaciones de «coimas» por la habilitación de un horno de ladrillos.
Enfrentado al jefe comunal, dividió al peronismo en el Concejo y consiguió una banca por el FREJULI en 1985, cuando Cafiero encabezaba la «renovación» justicialista. Por aquellos años, fortaleció su amistad con el «Coti» Nosiglia, que continúa hasta la actualidad.
Una jugada que contó con la complicidad de los dirigentes de la época terminó con la destitución de Carpinetti y su reemplazo en el cargo por José Luis Barboza, lo que significó su retorno al poder. Volvió a la Secretaría de Gobierno y desde allí operó a gusto y piacere buscando ser candidato a Intendente para 1987.
Formalizado su lanzamiento, el Juez Juan Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal Nro. 5 de Morón, ordenó su captura por su presunta vinculación con una «célula» integrada por los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Como por arte de magia, Chicho desapareció de los lugares que frecuentaba y pasó a ser declarado prófugo de la justicia. En noviembre de 1988 reapareció. Ramos Padilla ya no estaba a cargo de la causa, que había pasado a manos del Juez Soñado, quien rápidamente lo eximió de prisión.
Ya en 1990, el juez Gerardo Larrambebere dictó su sobreseimiento provisional en la causa.
La paz no iba a durarle mucho tiempo. El 14 de junio de 1991, un depósito clandestino de combustible explotó debajo de las vías del Ramal Constitución-Quilmes-La Plata en la «Crucecita» de Sarandí.
El episodio se conoció como «el caso de la nafta adulterada».
A cargo de esta causa, el Juez Federal Alberto Durán dictó la prisión preventiva de «Chicho» y también, un embargo sobre sus bienes por un millón de dólares. La acusación era por «asociación ilícita, hurto, atentado contra los medios de transporte y la seguridad de las personas y defraudación al fisco».
Chicho volvió a esfumarse, pero finalmente fue detenido en el campo de un amigo, en Coronel Pringles. De allí fue a la cárcel, según versiones disfrutando de un muy especial régimen de prisión, y también guardando absoluto silencio sobre las características y demás involucrados en el ilícito, que siempre valoraron sus «códigos».
Hoy Chicho es el principal proveedor de la Comuna, y amigo personal del Intendente Pereyra, a quien en un reciente cumpleaños le regaló un vistoso Rolex. Se lo puede ver a diario, compartiendo su mesa en algún café céntrico o supervisando algunos de sus emprendimientos gastronómicos en la ciudad.
Florencio Varela no es Pueblanueva, pero aquí también los gozos y las sombras despliegan su luz y oscuridad a la vista de todos.