Funcionaria local, procesada

La Secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Florencio Varela, la abogada Beatriz Domingorena, fue procesada en la causa que el Juez federal Sebastián Casanello lleva adelante por el derrame de cianuro que la empresa Barrick Gold provocó en San Juan en 2015, cuando la abogada varelense se desempeñaba como Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Nación. El magistrado pidió su embargo por un millón de pesos.
La medida judicial alcanzó también a los ex secretarios de Minería y de Ambiente de la Nación durante el kirchnerismo, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso, por «abuso de autoridad», con embargos de dos millones de pesos. A todos se los acusa de omitir controles en la mina Veladero, de la provincia cuyana. «Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos», dijo el juez en su fallo.
La resolución se toma «sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal», dijo en su fallo el juez Casanello. El derrame de cianuro se produjo en Veladero el 12 y 13 de septiembre de 2015, y contaminó varios ríos de la zona, principalmente el Potrerillos.
«La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015. Recién después -sigue el fallo- de los sucesos de ese año y de manera tardía, se ordenaron controles en la mina», afirma el Juez.

«Falta de controles»

Casanello también indicó que: «hubo falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa que al momento del derrame quedaba a merced de recorridas visuales. El retraimiento del Estado -más allá de lo que toca a la autoridad local- permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control».
Según un informe técnico que fue tomado como prueba clave del proceso, en el derrame de 2015, «hubo falencias relacionadas a la operatividad en la mina que facilitaron que el flujo de solución cianurada se derramara sin impedimientos hacia el cauce del Río Potrerillos».
El fallo asegura que «se informó la presencia de plomo y cadmio en todas las muestras tomadas en el los ríos Potrerillos, Las Taguas y Blanco, por valores por fuera de los normal».
La Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en la causa, celebró el fallo del magistrado, «por fin vemos que una parte de la Justicia se hace cumplir», afirmó en un comunicado.
En la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, también están en curso otras dos investigaciones por derrames posteriores, uno el 8 de septiembre de 2016 y otro el 28 de marzo de 2017.

Se enteró por el diario

Consultada por Mi Ciudad la funcionaria, que, visiblemente dolida por la situación, aseguró enterarse «por el diario La Nación» de su procesamiento, eligió no hacer declaraciones públicas hasta tanto el tema no se resuelva judicialmente para «no entorpecer la acción de la Justicia». De todos modos, a través de un escrito ya se presentó en el expediente.