Transparencia cero

El oficialismo rechazó, en el Concejo, la ampliación de las «declaraciones juradas» que los funcionarios están obligados a realizar también en nuestro distrito, y mandó el proyecto -presentado por Nuevo Encuentro y acompañado por Juntos por el Cambio-, al archivo.
Así, una vez más el espacio que responde a Julio Pereyra y al Intendente Andrés Watson cerró otra posibilidad de transparencia, manteniendo en vigencia el sistema actual, que no permite controlar la evolución patrimonial de los que nos gobiernan.
La ordenanza Nº 7836, de 2013, establece la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para todos los funcionarios municipales, miembros del Concejo Deliberante y los Juzgados de Faltas. La norma fija que dichas declaraciones deben contener «una descripción integral del estado patrimonial del funcionario, de su cónyuge, con relación a aquellos bienes comprendidos en la sociedad conyugal, y de los hijos a cargo».
Un decreto del Departamento Ejecutivo reglamentó la ordenanza y creó los formularios para esas declaraciones: uno de carácter público, y el otro, privado. El privado, sólo podía hacerse conocer por una resolución judicial. Esto fue interpretado por los autores del proyecto como una desviación del espíritu de la ordenanza.
La deliberada liviandad de los requisitos exigidos significó que, en la práctica, un funcionario pudiera cumplir con la norma simplemente diciendo que poseía «un automóvil» y «una casa», sin mayores detalles, y que, al término de su mandato volviera a declarar lo mismo, aunque el vehículo sea ahora del doble de su valor y se hubiera mudado de un barrio humilde a un country. La norma, de este modo, lejos de servir como contralor, pasó a valer como «blanqueamiento» de una situación que nadie puede verificar.

Los vehículos de Watson, las rarezas de Pereyra

La declaración jurada del Intendente Watson, en su versión pública, a la que se puede acceder en la Web, al 30 de noviembre de 2018, apenas señala que posee «el 50 por ciento de una casa» –sin especificar valor de la misma- y «el 50 por ciento» de cuatro vehículos, que sólo describe como dos automóviles, una camioneta y un cuatriciclo, sin especificar marcas ni modelos. Watson también informa que es titular de tres cuentas bancarias, una en el Banco Provincia y dos en el Galicia, pero no informa sus montos.
El diputado provincial y todavía «intendente en uso de licencia» Julio Pereyra es un caso particular, porque su declaración jurada local no coincide con la que debió presentar ante la Legislatura. En el formulario presentado en Florencio Varela, aunque debería informar los bienes de su cónyuge, Pereyra sólo dice que posee «un automóvil» al 100 por ciento, y que tiene cuatro cuentas bancarias, una en el Banco Provincia, y tres en el Galicia, una de ellas, en dólares. Pero en la declaración jurada presentada también en 2017, en la Legislatura, sus bienes parecen haberse agrandado de golpe: informa poseer un automóvil valuado en 415.000 pesos, y que su cónyuge posee otro vehículo cuyo valor es de 311.300 pesos. En el rubro «Títulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversión», Pereyra dice que su esposa posee un Fideicomiso de ingresos propios por un valor de 1.720.000 pesos.
También informa Pereyra que es titular de un depósito bancario por 315.198 pesos, de un depósito en dólares con «cero pesos», y otro depósito de 14.162 pesos, agregando que su esposa tiene dos depósitos bancarios, uno de ellos por 38.505 pesos y el otro por 1845 pesos. En el apartado «Dinero en efectivo» Pereyra asegura tener 122.500 pesos.

Respecto a sus ingresos anuales, Pereyra informó que como Intendente Municipal sumó 1.072.800 pesos, mientras que su esposa obtuvo como «Directora» 411.264 pesos. Además, el ahora legislador declara 130.000 pesos recibidos como «honorarios por asesoría», y su esposa, 796.610 pesos como «honorarios profesionales».
En el rubro «Deudas», Pereyra dice deber 81.507 pesos, aunque no aclara quién es su acreedor. Lo más curioso es lo referido a su supuesta actividad de «consultor» y la contradicción en las fechas en las que la habría realizado. En un reportaje de Mi Ciudad de 2016 Pereyra declaró que «asesoró en otros países a empresarios e intendentes», lo que «le dio recursos», y que «tenía que ordenar eso a través de una Fundación», pero en la declaración jurada que presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 2017, afirma que es «titular de una consultora» desde 2010. En el documento, el ex intendente varelense incluye entre sus antecedentes laborales (que abarcan solo los últimos dos años) haber sido Intendente y además, «consultor», actividad que manifiesta realizar desde 2010 y a la que señala dedicarle solamente «una hora semanal».

Transparencia cero

El mes pasado, en el Concejo Deliberante, los ediles de Nuevo Encuentro y de Juntos por el Cambio quisieron actualizar los requisitos a cumplimentarse en las declaraciones, adaptándolas a las normas nacionales, que incluyen la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda conocer la evolución del patrimonio y el origen de los fondos que los funcionarios usan para adquirir sus bienes. Pero haciendo valer su mayoría, el oficialismo cerró esa posibilidad, aunque se mencionó la idea de adherirse a la Ley Provincial Nº 15.000, con la que la gobernadora María Eugenia Vidal estableció la obligatoriedad de funcionarios, legisladores y hasta los candidatos oficializados a ejercer cargos públicos electivos en territorio bonaerense, de presentar sus declaraciones juradas para que sean visibles y públicas. La norma establecida por iniciativa de la gobernadora, mucho más exigente, determina que la Declaración Jurada Patrimonial deberá contener la totalidad de los datos personales, patrimoniales y de ingresos y egresos -tanto en el país como en el extranjero- del sujeto obligado, cónyuge o conviviente, hijos menores no emancipados y de las personas a su cargo.
Además debe incluir una presentación de antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años y las actividades laborales que realice de manera simultánea al desempeño de su cargo.
La norma vigente en la actualidad en nuestra ciudad es irrisoria si es comparada con la sancionada por Vidal, ya que carece de por lo menos 30 ítems de transparencia requeridos en la ley provincial.
Si el Concejo Deliberante termina adhiriendo a esa norma provincial –algo que solicitará específicamente el concejal Pablo Alaniz-, los varelenses podríamos tener acceso a datos tan interesantes como sorprendentes sobre los que nos gobiernan desde hace más de tres décadas.