Por Alejandro César Suárez | @alecesarsuarez
El kirchnerismo lo intenta de nuevo. Más allá de su inconcebible «apuro» en medio de una Pandemia, la «reforma judicial» con la que se pretende avanzar peligrosamente sobre uno de los tres poderes del Estado es inconstitucional. La Carta Magna prohíbe expresamente quitar a algún imputado de la órbita de su «juez natural». En su artículo 18, se lee: «ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa». Y esta pretensión de llevarse todo por delante queda aún más expuesta con el agregado en el proyecto, de un párrafo contra la libertad de expresión, que habla de las supuestas presiones de los «poderes mediáticos». Una generalización tan intencionalmente vaga como para poder incluír dentro de ella a cualquier investigación que moleste al poderoso de turno. O una forma más que evidente de garantizar impunidad a algún corrupto.
La prensa, si actúa como debe, molesta a todos los gobiernos. Principalmente a los autoritarios. Silenciar a los periodistas siempre fue el sueño de Cristina Kirchner, que no parece tener ningún problema cuando el «poder mediático» se despliega desde los medios que le responden a ella y a su séquito. Lo que en realidad le molesta no son los «medios hegemónicos», sino que los de su tropa no logren hegemonía alguna.
Hablar de reforma judicial cuando se liberó a alrededor de 4000 delincuentes, muchos de los cuales ya volvieron a robar y hasta a matar, es un despropósito. Poner a la cabeza de la comisión asesora de la reforma al abogado de la vicepresidenta es una medida tan falta de ética como de legitimidad. No se puede ser juez y parte. El representante de una procesada -multiprocesada, en rigor- no puede decidir qué juez la juzgará.
El Gobierno debería ocuparse de otros problemas antes de buscar manipular los destinos judiciales de algunos de sus componentes. La inseguridad, potenciada por la creciente impunidad, se transformó en la principal preocupación de muchos argentinos, especialmente de muchos bonaerenses. Mientras las calles parecen ser de los delincuentes, y la policía bonaerense está sospechada por la muerte de un pibe que a muchos kirchneristas les importó mucho menos que otras muertes, el Ministro de Seguridad provincial se dedica a hacer campaña pintando paredones con su nombre y difundiendo cinematográficos videos en los que se presenta como una especie de Rambo del Subdesarrollo.
En estas manos estamos. Encerrados pero inseguros, con la economía aniquilada, con la cuarentena más larga del mundo, una creciente cantidad de contagios de COVID y padres e hijos a los que se les impide despedirse de sus familiares moribundos, mientras privilegiados funcionarios viajan y se reúnen con quien quieren, y hasta sin tapabocas, mostrando que para ellos no rigen las mismas normas.
¿Podría haber algo aún más trágico y bizarro? Sí. Poner a una payasa a informar la cantidad de muertos por la Pandemia. Y hasta eso hicieron.