La guerra por la tierra

Favorecido por cierto relajamiento de la acción policial y judicial, no sólo por la Pandemia sino también por el cambio de signo político en el poder gobernante, el problema de las tomas de tierra en distintas localidades se vio incrementado en los últimos tiempos.
En medio de contradicciones e idas y vueltas varios entre distintos funcionarios nacionales y provinciales, en los que insólitamente se llegó a poner en duda la ilegalidad de las usurpaciones, varios intendentes bonaerenses le pidieron una definición clara al Gobernador Axel Kicillof. Es que el mandatario en principio había realizado declaraciones en las que de algún modo «justificaba» esos procedimientos.
Pero la presión de los intendentes causó efecto. «Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales», dijo Kicillof en La Plata, junto a Andrés Watson, sus pares de Berazategui, Juan José Mussi y de Quilmes, Mayra Mendoza y otros intendentes- y agregó: «El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente».

«Alerta temprana»

En la reunión se acordó establecer un sistema de «alerta temprana» entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, y se anunció que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de asistir a quienes sufren el déficit habitacional.
También se informó la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa «Provincia en Marcha» para 2020 y 2021. De acuerdo a lo prometido, se terminarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán otras 2300 con financiamiento nacional y provincial. Mientras tanto, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia.

«Las tomas son un delito»

Watson no tuvo muchas dudas a la hora de fijar su posición. En declaraciones a Radio 10 declaró que «las tomas de tierra implican un delito, y consideró que esa problemática «tiene que ver con la desorganización en la planificación de las políticas de Estado».
También agregó: «Yo, como intendente, tengo una organización, una planificación. Por ejemplo, tengo una zona productiva que está desocupada y quiero que siga así porque la necesito para instalar fábricas y producir».
El intendente también informó que en Florencio Varela sufrió seis intentos de toma en una semana y pudo evitarlos: «Tuve seis intentos de toma en una semana y el más fuerte vino acompañado de dos abogados que llegaron antes que los ocupantes a defender sus supuestos derechos. Querían negociar y todo, una locura. Entonces nosotros citamos a los propietarios y empezamos a organizar todo eso», explicó.
Watson agregó que en su rol de intendente impulsa políticas para evitar las tomas: «por ejemplo genero una eximición de impuestos para que las empresas se puedan instalar en los terrenos», indicó.
Sobre estos intentos de tomas a los que Watson hizo referencia, cabe acotar que, a fines de agosto, un letrado, perteneciente a la «Gremial de Abogados», fue detenido, acusado de resistencia a la autoridad, mientras estaba junto a quienes intentaron ocupar unos lotes en el barrio Pico de Oro, de nuestra ciudad. En una carta subida a las redes, el abogado, conocido como «el Negro Soares», realizó graves acusaciones asegurando que en el desalojo realizado por la Policía -y que evitó la ilegal acción- «no existía orden judicial» y que se llevó a cabo «por orden del Intendente».

En F. Varela, se adoctrina a los okupas

Mientras el tema tiene en vilo a varias localidades, en nuestra ciudad, un abogado y ex concejal especializado en tomas de tierras está fuertemente vinculado a varios de los asentamientos que se establecieron en el distrito durante los últimos años. A través de una «Coordinadora», el conocido activista impulsó la realización de unos «talleres» en los cuales se adoctrina a los ocupantes ilegales acerca de cómo deben responder ante las acciones policiales y judiciales que se produzcan para impedir las tomas de los terrenos. En unas filminas muy de moda en los últimos tiempos, se enseña: «Qué hacer frente a las prácticas policiales y judiciales en el territorio» y se aconseja, en caso de una detención, identificar qué fuerza de seguridad es la que interviene, el número del móvil y tratar de determinar la identidad de quienes actúan.