La guerra por la tierra



Nota de tapa » 01/10/2020

Favorecido por cierto relajamiento de la acción policial y judicial, no sólo por la Pandemia sino también por el cambio de signo político en el poder gobernante, el problema de las tomas de tierra en distintas localidades se vio incrementado en los últimos tiempos.
En medio de contradicciones e idas y vueltas varios entre distintos funcionarios nacionales y provinciales, en los que insólitamente se llegó a poner en duda la ilegalidad de las usurpaciones, varios intendentes bonaerenses le pidieron una definición clara al Gobernador Axel Kicillof. Es que el mandatario en principio había realizado declaraciones en las que de algún modo «justificaba» esos procedimientos.
Pero la presión de los intendentes causó efecto. «Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales», dijo Kicillof en La Plata, junto a Andrés Watson, sus pares de Berazategui, Juan José Mussi y de Quilmes, Mayra Mendoza y otros intendentes- y agregó: «El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente».

 

«Alerta temprana»

 

En la reunión se acordó establecer un sistema de «alerta temprana» entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, y se anunció que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de asistir a quienes sufren el déficit habitacional.
También se informó la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa «Provincia en Marcha» para 2020 y 2021. De acuerdo a lo prometido, se terminarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán otras 2300 con financiamiento nacional y provincial. Mientras tanto, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia.

(Ver nota completa en la edición de papel)


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