Relatos y estafas

Otro año se fue, con inflación indomable, anuncio de nuevos impuestos, un sostenido aumento de los casos de COVID y una tragicómica «Plaza de la Democracia», en la que el Gobierno transformó lo que debería ser una fiesta de todos en un acto partidario para atacar a los medios, la oposición y la justicia independiente. Una nueva puesta en escena kirchnerista a un costo de 40 millones de pesos que pagamos todos, y en la que ni siquiera se mencionó a Raúl Alfonsín.
Pero en medio de la vorágine informativa que hace que una noticia vaya tapando a la otra, una importante denuncia pasó casi desapercibida y fue obviamente callada por el aparato mediático oficialista. Como consecuencia de la presentación del libro «La estafa con los desaparecidos. Mentiras y Millones», del escritor José D´Angelo, la Justicia investiga al menos 13 casos de millonarias indemnizaciones que el Estado Nacional pagó a familiares de desaparecidos que en realidad no habrían sido tales.
En la causa, el Juez Federal Ariel Lijo pidió al Gobierno la lista completa de los pagos realizados a supuestas víctimas de la represión, que superarían los 2 millones y medio de dólares. La denuncia apunta directamente al Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según D´ Angelo, quien ofrece abundante documentación para ratificar sus dichos, son varios los casos en que se repartieron arbitrariamente fondos del Estado bajo la bandera de los «derechos humanos» falsificando documentos públicos.
Entre otros ejemplos, D´Angelo cita el de Adriana Kornliht, quien murió mientras intentaba poner una bomba en Quilmes, Ruben Haymal, cuya ejecución por «delator» se adjudicó la propia guerrilla a través de su revista «Evita Montonera» y Atilio Santillán, de quien la publicación «Estrella Roja» aseguró que fue fusilado por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), por traidor. También hay casos de muertos en enfrentamientos en la calle y se menciona la extraña muerte de un joven que no tenía militancia alguna y había ido a cazar con sus amigos, episodio en el que, luego de cobrada la indemnización, se eliminó su nombre de la lista de víctimas.
Claro que la manipulación de la trágica historia de la década del 70 no es una novedad. Más bien es una marca registrada del kirchnerismo, cuyos máximos exponentes, Néstor y Cristina, jamás presentaron un habeas corpus sobre un desaparecido en sus años de «abogados exitosos» en Santa Cruz pero que descubrieron que el tema podía darles buenos réditos políticos cuando llegaron a lo más alto del poder nacional. Como caso testigo de esta deformación de la historia, que insiste, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo mediante, en mostrar a los guerrilleros como ángeles inocentes, estará siempre la «Operación Primicia», en 1975. El 5 de octubre de ese año, en pleno gobierno constitucional –y peronista- 70 integrantes de Montoneros quisieron copar el Regimiento 29 de Infantería de Monte, y mataron a diez soldaditos conscriptos. Insólitamente, esos cobardes asesinos figuran hoy en el Parque de la Memoria como «víctimas» de la dictadura, y sus familias recibieron millonarios subsidios. Pero los familiares de los chicos que ellos mataron todavía están esperando que se haga efectiva la indemnización decretada por el gobierno de Macri, y nunca reglamentada.
Son las injusticias de una Argentina que perdió el rumbo, y en la cual los relatos deben sostenerse a costa de todo, a pesar de la verdad, y si es necesario, hasta a través de las estafas.