Los excluídos del “Modelo”

Anabella vive en una casilla precaria, de madera, con sus cinco hijos – la más chiquita, una bebé a la que amamanta en medio de la nota- y sus perros, incluido uno, negro y viejo, que «se me instaló acá y no se fue más», nos cuenta. Su marido no está. Trabaja en la construcción y tiene que viajar en forma casi permanente. Así y todo, en su casa, con contrapiso, y de no más de 20 metros cuadrados, funciona el merendero infantil «Los Traviesos», en el que comen más de 50 chicos del barrio y que recibe ayuda solamente de la Red de Relaciones Comunitarias Monseñor Angelelli.
La casilla es una de las 16 que están, apretadas, en el predio de 24 hectáreas de Avenida Cacheuta y 1347, en el camino a la Villa San Luis, instaladas en unos terrenos que son de la Comuna y al que funcionarios municipales los llevaron hace ya ocho años, para que oficien de «cuidadores» del predio y eviten los intentos de asentamientos.
Anabella lo explica así a Mi Ciudad: «como acá hubo un intento de toma, el Municipio nos trajo a nueve familias a través de un acuerdo con la cooperativa que integramos, la 23 de Noviembre para cuidar el lugar. Nos dijeron que íbamos a estar de tres a seis meses, y nos dijeron que no podíamos construir, ni hacer pozos, porque era algo provisorio. Y que no podíamos ir más allá de un pedazo de diez por diez. Pero el 5 de diciembre van a hacer ocho años… Por acá pasaron todos los políticos, y nadie nos da una respuesta».

«Militando la Ley»

La Ley es más Estado, más derechos, más Democracia», dijo con emoción y euforia militante el presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, Héctor Rubén Pascolini. A su lado, aplaudían el Secretario de Obras Públicas municipal Diego Trejo y el diputado K Gustavo Di Marzio. Uno de los salones del club Nahuel estaba prácticamente colmado.
Era el 12 de julio de 2014, y en un acto que contó con representantes del Consejo de Tierras de la Comuna, la agrupación Tupac Amarú, el Movimiento Mayo, el Movimiento Evita, la CTA Varela, el MTR Santucho, el MTL Los Pioneros, la Cooperativa 23 de Noviembre, FOTIVBA, la Coopteba (de SUTEBA), el Movimiento Aníbal Berón, la agrupación Martín Fierro, Kolina, el «Peronismo Militante», el Partido Humanista, la Agrupación Novak, Vía Campesina, la Universidad Arturo Jauretche, y la Pastoral Social del Obispado de Quilmes, se realizó el llamado «Cabildo Abierto» en el marco de la implementación de la Ley de acceso justo al Hábitat.
La reunión fue el marco para que todos los presentes manifestaran su apoyo a la citada norma, que impulsa «la reducción del déficit habitacional –con prioridad a familias de bajos recursos y necesidades especiales-, el desarrollo de nuevas áreas residenciales en centros urbanos o en asentamientos rurales, mediante la construcción de conjuntos de viviendas, y el impulso de programas de construcción, autoconstrucción, reparación o remodelación de viviendas». Todos los presentes se comprometieron a «militar la ley en cada barrio» para su cumplimiento.
Ese día, Pascolini, dijo también que «la Ley profundiza la democracia, amplía derechos y es una herramienta fundamental para superar problemáticas de suelo y hábitat», para después enumerar «las acciones que se llevan a cabo en Varela para lograr soluciones habitacionales a miles de ciudadanos del distrito», según consignó la oficina de Prensa del Municipio en su momento. A su turno, Di Marzio también destacó «la labor de la intendencia (entonces en manos de Julio Pereyra) para resolver la problemática».
Pero la problemática en Florencio Varela está muy lejos de resolverse. Fuentes extraoficiales hablan de la existencia de más de 100 loteos irregulares en el distrito. Y el del predio de Cacheuta es un caso testigo.

¿La Comuna no puede intervenir?

Insólitamente, desde hace un tiempo, parte de esos terrenos fueron ocupándose con gente que los compró y empezó a levantar sus viviendas de material en ellos. «Un supuesto dueño que está en juicio con el Municipio los está vendiendo por Facebook, Mercado Libre, por todos lados… Y ya se vendió la mitad del predio. Supuestamente el Municipio es el propietario, pero no puede parar a los que están vendiendo», agrega Anabella. El abogado José Luis Calegari cuenta cómo empezó todo: «el que le vende al Municipio es García. Doce hectáreas para hacer las viviendas y doce hectáreas para hacer 150 lotes con servicios para familias que no pueden comprar, y 30 lotes para docentes. Esto para la Cooperativa de ellos y para COOPTEBA, de SUTEBA, que preside el «Gaucho» Gutiérrez».
«A los docentes acá no se los vio más. Acá estaban la CTA, el Movimiento Evita, la Tupac… Hicieron campaña, dijeron que nos iban a apoyar, que nos iban a abrir las calles, y no aparecieron más», coinciden varias de las mujeres presentes.
«Acá había un zanjón y cuando llegamos fuimos a comprar dos tablones para hacer un puente, por el que entramos las nueve familias», recuerda Roxana, otra de las vecinas presentes en la charla. «Cortamos el pasto con machetes, armamos las casillas, nos conectamos al agua de la vereda de enfrente». También, están enganchados a la red eléctrica, con el peligro que esas conexiones irregulares entrañan. «Acá estamos sobre la calle, en la colectora. Cuando fuimos a planteárselo a Hernán Losada (Director General de Regularización Dominial de la Comuna) nos dijo que cuando pida el desalojo va a ser general pero a nosotros no nos van a tocar. Pero ¿quién nos asegura eso si no pueden evitar las ventas que se están produciendo ahora?», exclama.
«No nos dan respuestas y mientras, seguimos acá, sufriendo el frío y las tormentas. Se nos vuelan los techos, no podemos dormir… Y todos los chicos están enfermos de los bronquios», afirman.
El pedido de los vecinos es claro: que les abran las manzanas, les otorguen el lote que les corresponde y el certificado legal que les permita gestionar su medidor con EDESUR para poder tener electricidad de un modo seguro. A su preocupante situación se suma una denuncia: «continuamente nos están sacando fotos y filmándonos», aseguran, apuntando a fuerzas de seguridad, mientras dicen que un representante de los supuestos dueños les ofreció un lote a cada una de las 16 familias para cerrar el conflicto. Si aceptan la desprolija propuesta, habrá 150 familias que quedarían sin nada.
«Watson prometió sacar esto adelante. Tenemos fotos y videos, cuando vino a buscar votos, a hacer su campaña. Ahora dice que el tema no está en sus manos, que no puede solucionar nada. Tenemos miedo de que un día vengan con topadoras y nos saquen. Acá hay más de 50 criaturas», suma Roxana.
«Se firmó un convenio entre el Municipio y la 23 de Noviembre, con el gobierno de Scioli. Cuando vino Vidal el proyecto no avanzó y con Kicillof tampoco. Ocho años con la gente esperando. En la parte del COOPTEBA hay veredas. Acá no hay nada», dice Calegari. Y agrega: «lo increíble es que el Estado no puede garantizar ni siquiera que en un loteo para familias que no tienen recursos no se vendan los lotes».

Los excluidos del «Modelo»

A la irregularidad manifiesta de «instalar» a nueve familias en un predio sin títulos ni seguridad alguna, se suma la inacción de un Municipio que no logra impedir que las que supuestamente son tierras de su propiedad se estén ofreciendo a la venta en las redes sociales, y que además, existan ya notorias construcciones en gran parte de ellas. Anabella y sus vecinos son, empero, parte de un problema mucho más complejo: son algunos de los muchos excluidos del «Modelo» del Justicialismo, que gobierna nuestra ciudad desde hace más de 40 años. Un «Justicialismo» en el que la redistribución de la riqueza sólo funcionó para los funcionarios que viven en medio del lujo y la ostentación luego de haber hundido impunemente a la ciudad en la pobreza y el abandono.