El tarifazo

Una máxima nunca escrita pero muchas veces aplicada sugiere que el mejor momento para que un funcionario tome una medida antipática es cuando el pueblo está distraído. Los mal pensados dirán que eso es exactamente lo que hizo el Intendente Watson durante diciembre pasado: aprovechando que todos estábamos ocupados con el Mundial de Qatar y la Selección Nacional, envió al Concejo Deliberante la ordenanza fiscal impositiva para 2023, en la que se lo autoriza a subir las tasas municipales en un 60 por ciento para particulares y en un 65 para comercios, lo que la obediente mayoría peronista aprobó sin chistar.
El procedimiento se realiza usualmente una vez al año. Y para tratar el proyecto, se convoca a una asamblea especial, integrada no sólo por concejales, sino también por «mayores contribuyentes». ¿Quiénes son los mayores contribuyentes? Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, son aquellos ciudadanos que estén domiciliados en el partido, no sean incapaces, quebrados o concursados civiles, no tengan inhabilidades o incompatibilidades previstas por ley, y no sean personas jurídicas, y que, además, deben haberse inscripto previamente un un Registro Especial que el Departamento Ejecutivo abre durante un breve período de tiempo, y que debe publicar para convocar a los interesados en sumarse. El Concejo tiene la obligación de revisar la lista y eliminar de ella a quienes no cumplan con los requisitos legales y en caso de que no haya suficiente cantidad de inscriptos, el intendente puede completar la lista de oficio.

Como otras figuras que fueron desdibujándose en su esencia con el tiempo, la del «mayor contribuyente» fue creada precisamente para aquellos vecinos que pagaban montos más altos en orden a los inmuebles que poseían. Los requisitos para participar de esta condición se volvieron más laxos a través de los años, pudiendo observarse «mayores contribuyentes» que eran empleados municipales o simplemente «punteros políticos». El resultado de esta desnaturalización es imaginable: los «mayores contribuyentes» terminaron siendo directamente funcionales al oficialismo de turno, que, claro, en Florencio Varela, casi siempre –y desde 1983, absolutamente siempre- tuvo el mismo color político. Por otra parte, ¿alguien tuvo oportunidad de leer o tomar conocimiento en algún lado de la convocatoria que la Comuna debió realizar en mayo último para anotarse en el Registro? Si la publicación en verdad se hizo, su alcance fue absolutamente nulo.
La súper asamblea formada en esta ocasión por 46 concejales y mayores contribuyentes se realizó en el Concejo el 7 de diciembre, y el resultado fue el citado: la aprobación por mayoría de la ordenanza, con el anuncio de los aumentos para 2023, que además agregan la posibilidad de que de considerarlo necesario, el Departamento Ejecutivo pueda incrementar las tasas en otro 20 por ciento por encima de lo ya establecido, lo que deja abierta la posibilidad de que las tasas sean hasta un 80 por ciento más caras este año. Sólo los concejales de Juntos por el Cambio votaron en contra del proyecto.
Además, y en este caso por unanimidad, se dio el visto bueno a la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del «Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal».
Luego de la asamblea, en sesión extraordinaria, se aprobó el Presupuesto 2023, que incrementa notoriamente los gastos para el año que se inicia: de 7.846.258.789 pesos de 2022 se pasará a 19.037.481.744 pesos.
La autorización para subir las tasas a nivel local tiene una situación equivalente en el Gobierno Nacional, donde el Ministro de Economía, Sergio Massa, va preparando el ajuste sigilosamente, intentando no espantar aún más a los posibles votantes del Frente de Todos –o como quiera que se vaya a denominar el peronismo en los próximos comicios- y capear una tormenta que las encuestas indican podría tener resultados catastróficos para el oficialismo en las Elecciones que se vienen.