Se viene la motosierra

El plan de reforma del Estado anunciado por el presidente Milei es motivo de gran preocupación para el intendente Watson, que hizo su campaña basada en promesas de más obras públicas. El jefe comunal ya lo había advertido a quien se le acercara en los días previos al balotaje: «voten a Massa porque si no, le van a cortar el chorro a Kicillof, y Kicillof nos lo va a cortar a nosotros», le dijo a alguien muy cercano a Mi Ciudad.
En su discurso de reasunción como jefe comunal para otros cuatro años, Watson recordó algunos hitos de su intendencia: «el entubamiento del arroyo Jiménez, dos pasos bajo nivel, nuevos asfaltos, el incentivo para lograr la radicación de 48 empresas en 48 meses, la modernización del 50% del parque lumínico en el partido con tecnología LED y la puesta en funcionamiento del Centro Veterinario», a los que definió como «evidencias de la intervención positiva del Estado en la relación público-privada».
Claro que se ocupó de remarcar que eso fue posible por «el imprescindible acompañamiento, respaldo y presencia del gobierno nacional y provincial». Luego de confirmar «el respeto a la decisión de la mayoría de los argentinos y las argentinas al elegir a sus gobernantes», se quejó: «Veníamos acostumbrados a un ritmo de trabajo eficaz, concreto y constante donde teníamos recursos para distribuir con nuestra gente», previendo «una desaceleración de la actividad económica» anunciada por el actual Presidente.
El propio Kicillof, en una reunión con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), advirtió: «Desde el Banco Provincia hemos triplicado los créditos para la construcción y apostamos a continuar con un plan de infraestructura como no se veía desde hace mucho tiempo y con el que comenzamos a saldar deudas estructurales de nuestra Provincia». El gobernador estaría evaluando la emisión de moneda propia, al estilo de los patacones, para suplantar los fondos que presume le cortarán desde Nación. En 2023, la provincia de Buenos Aires recibió 250.000 millones de pesos por fuera de la coparticipación: 9474 millones del Tesoro Nacional y 17.800 millones para obra pública. Además, según un informe de La Nación, se le enviaron 23.933 millones para asistencia alimentaria y 199.166 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, supuestamente utilizables para seguridad. Por eso, Kicillof no sólo busca que no le achiquen el monto de coparticipación, sino que le mantengan estos fondos «extras» enviados para cuidar el principal bastión peronista del país. También se habla de posibles aumentos en el impuesto inmobiliario y la patente del automotor, de hasta un 300 por ciento.

Hay obras y obras

Sin embargo, hay obras y obras. Del mismo modo que debe reconocerse el valor del por más de 30 años esperado entubamiento del arroyo Jiménez, nadie puede explicar la razón de ser de la construcción de un adefesio arquitectónico como la proyectada «Casa de la Provincia de Buenos Aires», en el predio delimitado por la avenida San Martín, Güemes y Granaderos, salvo el de convertirlo en un futuro nuevo reducto de «ñoquis militantes» como tanto le gusta al kirchnerismo. Son solo dos ejemplos, pero que sirven para demostrar cuándo algo se hace para bien del pueblo, y cuándo para provecho propio.

Algo más al respecto: no debe olvidarse que la obra pública en Florencio Varela también estuvo bajo la lupa. Gran parte de ella fue adjudicada durante los últimos años a empresas vinculadas a Francisco «Chicho» Basile, denunciado en 2017 por Elisa Carrió en la justicia penal como supuesto «testaferro» del hoy diputado nacional Julio Pereyra en una causa que duerme en el despacho del juez Armella, quien arrancó su actuación desplegando ampulosos allanamientos en la Municipalidad y el Concejo Deliberante local y después se llamó a un sugestivo silencio aquietando el expediente.
En el escrito presentado ante la Justicia con el patrocinio de la abogada Mónica Frade, Carrió remarca que Basile «pese a su inscripción impositiva como monotributista I es titular, sólo en la provincia de Buenos Aires, de 35 inmuebles en Chacabuco, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General Pueyrredón, San Martín, General Viamonte, Lomas de Zamora, La Matanza, Pergamino, Quilmes, Rojas, Coronel Rosales y Hurlingham». Además, sostuvo que «a cargo de Basile se consumaron los delitos de sustracción de fondos públicos, defraudación a la administración pública y evasión, dinero ilegal que se fue blanqueando, entre otras cosas, mediante la adquisición de inmuebles».
La denuncia daba cuenta de que Basile manejaba varias firmas proveedoras del Municipio: entre ellas, la Cooperativa 31 de Mayo, CCM S.A., Servicios y Gestión S.A. y Ture S.A.
La «31 de Mayo» quedó a cargo del multimillonario contrato de recolección de residuos, mientras que en 2015 y 2016, y de acuerdo a lo que consta en el expediente a través de otras tres empresas, Basile habría recibido por parte de la Municipalidad de Florencio Varela, casi 315 millones de pesos. En 2015, a través de cuatro licitaciones públicas, 23 licitaciones privadas y siete compras directas, «Servicios y Gestión S.A.» recibió obras por 153.985.205 pesos, y Ture S.A., mediante nueve licitaciones privadas, obtuvo 4.203.989 pesos. Con las compras directas «la 31»: la Nº 4 se llevó 36.040.463,37 pesos, la Nº 5, 28.075.647,13 pesos y la Nº 8, 30.537.467,55 pesos. En 2016, Servicios y Gestión recibió obras por 147.159.251 pesos, Ture S.A. lo hizo por 1.903.820 pesos, y CCM S.A., otra empresa citada por Carrió en su denuncia, logró contratos por licitación privada por 7.704.588 pesos. Nuevamente se destacan las compras directas que favorecieron a «la 31»: la 5, por 87.017.210,44 pesos, y la 7, por 32.408.427,50 pesos. Una verdadera fortuna aún hoy.
Si bien la causa se refiere a la gestión de Julio Pereyra como intendente, es indudable que a partir de su asunción al frente de la administración varelense, Watson mantuvo al «Círculo Basile» como principal proveedor de la Comuna.
Más allá de esto, calles y avenidas que se asfaltaron no una sino cuatro veces, rompiéndose y pagándose repetidamente y sin control de calidad alguno en toda la ciudad, son mudos testigos de una obra pública adjudicada a los mismos de siempre, por un gobierno comunal que sigue monitoreado -y manejado- por el viejo barón del Conurbano.

¿La UNAJ en la mira?

Pero el plan de Milei también apunta a las universidades nacionales, y entre ellas, a la UNAJ. En la revisión realizada sobre las partidas giradas a estos centros educativos, se encontró una gran cantidad de «auditorías» y «consultorías» efectuadas a organismos nacionales, por valor de varios millones de pesos. Uno de estos casos al menos puede encontrarse en la universidad varelense, con la cual, en septiembre pasado, se firmó un contrato desde la Jefatura de Ministros, para la «realización de un plan de trabajo» de 45 jornadas en el programa de gobierno «El Estado en tu barrio». El costo de esta gestión fue de 108 millones de pesos. Lo que se analiza es si se trata de una maniobra para pagar militancia a través de fondos públicos, habida cuenta del «adoctrinamiento» permanente que se realiza en la universidad local, convertida en repetido escenario de expositores kirchneristas.
El envío de abultados fondos a universidades también había sido objeto de una denuncia por parte del fiscal Marijuán al término del mandato de Cristina Kirchner.
Lo cierto es que la «motosierra» está en marcha y todavía es una incógnita cuáles de las obras que se encuentran en marcha en Varela seguirán adelante y cuáles quedarán a la espera de la llegada de los imprescindibles fondos para su concreción.