La crisis con PAMI en Varela

Gran inquietud generó en la comunidad de adultos mayores de Florencio Varela la resolución por la cual casi 47.000 afiliados a PAMI iban a quedarse sin los servicios de guardia y de internación que prestaba la Clínica «Santa Clara» de nuestra ciudad, que ahora pasó a desempeñar el rol de «prestador alternativo».
Según se informó, la insólita medida, resuelta por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a pedido de BASA, la empresa propietaria del centro asistencial, obligaba a los pacientes varelenses a trasladarse a la localidad de Don Bosco para ser atendidos.
La figura de «prestador alternativo» fue originalmente pensada para sumar servicios a los afiliados de PAMI, y no para reducírselos, como ocurría en este caso.
El tema provocó la intervención del Intendente Andrés Watson, que pidió al Concejo Deliberante que realizara una sesión extraordinaria para fijar posición sobre la problemática.
Además, el Intendente envió a la Unidad de Gestión Local XXXVII perteneciente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados una nota formal donde planteó la necesidad de retrotraer una decisión «unilateral, errónea e inconsulta por un desconocimiento de la realidad de sus afiliados y afiliadas».
«La resolución generó una sobrecarga en la atención del sistema público municipal y provincial debido a la falta de respuestas en una clínica del sector privado en el partido que percibió el pago correspondiente por prestaciones que dejó de brindar», agregó Watson, que también presentó un recurso de amparo en la Justicia federal, apoyado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la sede local del organismo.

El tema en el Concejo

El Concejo Deliberante realizó una sesión especial para ocuparse del conflictivo tema el lunes 22 de julio, en la que más allá de los cruces verbales protagonizados por concejales de los diversos partidos, una gran mayoría aprobó una resolución repudiando a la medida tomada contra la comunidad de la tercera edad. Sólo Diego Vallejos, presidente del bloque de La Libertad Avanza, se abstuvo aunque, bastante extrañamente, aclaró que estaba dispuesto a «acompañar la acción» para que la disposición sea dejada sin efecto. Sus dos compañeros de bancada -Ezequiel Taborda e Ivonne Cantó- votaron a favor del repudio.
En la oportunidad, el concejal y farmacéutico David Marconi (Unión por la Patria), señaló que se trataba de «un nuevo ataque del Gobierno Nacional a los jubilados, que ahora tienen que pagar por medicamentos que antes recibían gratuitamente», mientras que Vallejos (LLA) remarcó que «hace 40 años que Varela está en la desidia y ahora le echan la culpa de todo a un gobierno que tiene seis meses», destacando el hecho de que en nuestra ciudad «hay una sola clínica para atender a 600.000 habitantes», palabras que retomó su par Evangelina Lemme (Juntos por el Cambio), quien señaló que «no es cuestión de pelearse entre los concejales, sino de empezar a trabajar para cambiar esta realidad, de que solo haya una clínica que preste servicios a los afiliados de PAMI».
La concejal Marcela Ochs (Juntos por el Cambio), hizo historia y recordó varias de las prestatarias de PAMI que dejaron de atender en los últimos años en nuestra ciudad. La Clínica Santa Ana, la Clínica Privada de Florencio Varela, la Cruz Blanca, el Instituto del Diagnóstico y la Clínica Modelo son algunas de ellas.

El concejal y médico Mario Kanashiro alertó sobre la nueva disposición: «el funcionario que tomó esta determinación no debe saber ni donde queda Florencio Varela. Y eso me da por las pelotas», sentenció muy gráficamente. Y siguió, haciendo hincapié en la distancia que deberían recorrer los pacientes con la nueva norma: «un vecino del barrio Los Tronquitos, por ejemplo, que tenga un posible infarto, no llega vivo a Don Bosco».
La resolución, que destaca que, para colmo, la Clínica Santa Clara ni siquiera aumentó su capacidad de internación en la sede de Don Bosco, termina instando «al presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, a intervenir y ordenar que se retrotraiga la medida adoptada por PAMI, garantizando que los afiliados de F. Varela puedan acceder a servicios de salud adecuados y cercanos».

Final –casi- feliz

Dos días después de la sesión extraordinaria, el Departamento de Prensa del Municipio difundió un comunicado informando que la cuestión se había solucionado gracias a la gestión del Intendente Watson, y acompañando un video en el que el Secretario de Salud, Ruben Trepichio, y el director médico de BASA, Ariel Sosa, aseguraban a los afiliados a PAMI que «podían quedarse tranquilos» dado que se garantizaba «la atención de pacientes en guardia, consultorios e internación».
Sin embargo, el deficiente servicio que presta la Clínica desde hace años, lo que certifican cientos de testimonios en las redes sociales, sumado a que es la única a la que pueden recurrir en F. Varela los afiliados de PAMI, continúa siendo una preocupación que a las autoridades parece no importarles mucho.
Según explicó el concejal Mario Kanashiro, la cantidad sugerida de camas por afiliado capitado del PAMI es 3/1000 camas de piso y 1/1000 de Cuidados Intensivos, por lo cual Florencio Varela debería contar con 184 camas totales. A Santa Clara, con 30.000 afiliados, le correspondería aportar 120 camas y solo tiene 70, por lo que hay un déficit de 50 camas en la oferta.
Pregunta el concejal: «¿Por qué esa clínica es el único prestador de la obra social de marras en una población que ronda el medio millón de habitantes?»
La ausencia de inversores para crear centros asistenciales con módulos de internación es un mal que lleva décadas en nuestra ciudad. Dice al respecto el concejal: «a partir del advenimiento de la democracia, en nuestro distrito no se supo conducir desde el gobierno local la gestión sanitaria para evitar la crisis que actualmente atravesamos».
Y propone: «Hoy solo cabe recurrir a un proyecto público-privado que conjugue una propuesta de construcción de un solo prestador hospitalario, administrado estrictamente por un cuerpo colegiado con participación proporcional a la población objetivo. ¿Qué significa eso?: En la inversión inicial y en el sostenimiento posterior deberían aportar en forma proporcional a la cantidad de afiliados de la seguridad social, los prepagos y en el caso del Estado hacer los aportes por la población descubierta. De producirse una rentabilidad positiva, efectuar la redistribución de esos excedentes en iguales proporciones. En 2022 desde el Bloque Juntos impulsamos un proyecto de reservar la donación de tres hectáreas de terreno urbano para la construcción de un establecimiento de esas características, pero la respuesta del departamento ejecutivo fue desestimar la propuesta con fundamentos irrisorios e irritantes. Para quien le interese está disponible ese material».