Por Alejandro César Suárez | @alecesarsuarez
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires acaba de ratificar un fallo correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020 de la Municipalidad de Florencio Varela...
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires acaba de ratificar un fallo correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020 de la Municipalidad de Florencio Varela, en el que se sancionó al intendente Andrés Watson y a varios de sus funcionarios al pago de multas por diversas irregularidades.
La contratación de una empresa telefónica sin acreditar que se trataba de la mejor oferta, el depósito de fondos en una entidad que no es el Banco de la Provincia, múltiples operaciones sin sus justificativos, movimientos de millones de pesos no registrados debidamente a través de «billeteras virtuales» y la adjudicación indebida de un inmueble a una entidad tradicionalista, son algunos de los puntos objetados por el organismo que debe controlar el gasto de los municipios provinciales.
Pero lo más llamativo, es la importante suma que, hace cinco años, se le pagó a una consultora privada para que analice «las fortalezas y debilidades» del intendente Watson, algo que el organismo de contralor consideró que debió afrontarse con fondos propios, y no con dineros públicos.
La resolución, fechada el 21 de agosto último, ratifica gran parte de los resuelto en el fallo del 30 de junio de 2022, referido al Ejercicio 2020.
Varias irregularidades y obstrucciones
Entre las contrataciones observadas, se encuentra la de la empresa de telefonía CICOMSA S.A., -vinculada a la familia Quagliata- sobre la cual el Tribunal menciona que «no fue acompañada la copia del cuadro tarifario que permitiera verificar que se trataba de la oferta más conveniente» y además, que pese a que la Comuna contrató diversos servicios con esta firma (Nacional, Internacional, Movistar, Personal, CTI, etc) sus facturas informan un monto global sin especificaciones.
También, se sancionó a funcionarios de Watson por la «falta de información y antecedentes» que «obstruyeron la tarea» del Tribunal, y por la existencia de «cheques no presentados al cobro».
Un párrafo especial se dedica a la situación del Centro Tradicionalista Fortín «La Tropilla», en virtud de la cual se multa a Watson por «la falta de aporte de documentación actualizada que defina la tenencia y autorización otorgada a la Comuna, o a dicho Centro, para la ocupación de un predio ubicado entre las calles Buenos Aires y Arroyo Las Piedras, en jurisdicción de la ex Línea P1 de la Estación Monteverde del ex Ferrocarril General Belgrano, con una superficie de 24.000 kilómetros cuadrados».
La ocupación de esos terrenos dio origen oportunamente a una demanda de desalojo iniciada por el Fisco contra el Centro Tradicionalista, al que se condenó a restituir el inmueble. La Municipalidad, que intervino en el juicio atípicamente, luego de la apelación de la sentencia, estaba autorizada a ocupar ese predio, pero no a cederlo.
Otros de los puntos que causaron la sanción fueron la constitución de plazos fijos en el Banco Galicia (la Ley establece que deben hacerse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires) y movimientos por alrededor de 10 millones de pesos a través de «Mercado Libre».
«Fortalezas y debilidades»
El fallo dedica varias páginas a la llamativa contratación, por parte del Municipio, del consultor Alberto Héctor Hernández para la realización de un análisis FODA sobre el intendente Watson. Se trata de un conocido sistema para evaluar las fortalezas, oportunidades, y también las amenazas y debilidades de una persona o de una empresa, a fin de diseñar una estrategia de acción al respecto.
A través de las órdenes de compra números 226/20 y 1016/20, del 18 de marzo y el 18 de mayo de 2020 respectivamente, la Comuna pagó un total de 450.000 pesos de entonces por «40 días de consultoría, asesoramiento, estrategia de gestión y liderazgo en la figura del intendente» y la «realización de un plan estratégico situacional tratando de identificar situaciones presentes del rol del intendente dentro del gobierno municipal, para tratar de delinear el futuro de los próximos cuatro años de administración». La primera etapa del análisis debía hacerse con un FODA y una «evaluación 360», que es ni más ni menos que entrevistas con distintos interlocutores para que den su opinión sobre el jefe comunal.