Triple crimen; de esto no se habla

El triple crimen de Lara, Morena y Brenda en nuestra ciudad tuvo repercusión internacional, ya tiene diez detenidos y fue calificado como «femicidio» por la Justicia.
Como suele suceder, la trama de narcotráfico que quedó al descubierto en esta ocasión también fue utilizada políticamente, al intentar, desde el gobierno bonaerense, delegar responsabilidades y limitar el caso a una villa de CABA, como si en el Conurbano y en nuestra ciudad no existiera la droga ni los traficantes. Pero todo cambió cuando se supo que la casa de Florencio Varela en la que las chicas fueron torturadas y asesinadas pertenece a una alta dirigente de SUTEBA, mano derecha de Roberto Baradel en el sindicato, la docente varelense Silvia Almazán, y que quien alquilaba la casa es hija de una importante funcionaria de Axel Kicillof, la también docente Marcela Fabiana Guerrero, actual Directora de Gestión Curricular de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo domicilio se instaló llamativamente una custodia policial desde hace varios días. Desde que se conocieron estos detalles, muchos dejaron de hablar del caso.
Almazán, que fue directiva de SUTEBA F. Varela y también se desempeñó como directora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social Stella Maldonado, de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina (CTA), ya declaró en el expediente y según informó el Fiscal que investiga el caso, el Dr. Adrián Arribas, de La Matanza, «por ahora no está vinculada al caso». Sin embargo, el funcionario adelantó que todavía hay tres o cuatro personas más a las que se busca detener por los asesinatos.
Por su parte, Celeste González Guerrero, la hija de la funcionaria bonaerense, quien es la inquilina de la vivienda, está detenida y realizó estremecedoras declaraciones sobre el crimen ante el Fiscal.

Celeste es representada por el abogado Daniel Giaquinta, que para sumar otro detalle singular, hasta hace pocos días trabajaba en el área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela. La mujer habría admitido en su declaración judicial que en la casa se comercializaba droga –»Entre 100 y 120 envoltorios por día , a razón de 10.000 pesos cada uno»-, y describió escabrosos detalles de la noche del triple femicidio, relatando el momento en que las jóvenes arribaron a la vivienda a bordo de una camioneta junto a «Pequeño J», el supuesto ideólogo de la masacre, a quien dijo conocer a través de su pareja, Miguel Villanueva Silva y otros dos hombres, y diciendo que recibió 1000 dólares de parte de uno de ellos para hacer una «fiesta» en el lugar, agregando que «tres hombres que estaban en la casa hicieron el pozo para enterrar a las chicas».
La mujer también habría contado que cuando se estaba retirando, mientras llegaban las jóvenes, vio a tres hombres con guantes de látex blancos, en el living y con la luz apagada, y que cuando retornó a la casa, a las cuatro de la mañana, vio a su pareja con una mano sangrando y al preguntarle el motivo, le dijo que había matado a una de las chicas.

Giaquinta, afuera

La Municipalidad de F. Varela anunció que el intendente Watson «ordenó la conformación de un expediente investigativo al empleado Daniel Giaquinta por faltas graves previstas en el Estatuto municipal -aprobado en la Ordenanza N°9533/19- por dañar el prestigio de la administración en su ejercicio profesional».
El comunicado que informa la medida agrega: «Durante entrevistas televisivas, el agente expresó que asumió la defensa de una persona detenida por el triple femicidio ocurrido en el distrito, un hecho de trascendencia nacional y repercusión internacional».
Pocos días después, el 9 de octubre, Watson firmó el decreto N° 2189 25, declarando «cesante» al abogado «por no presentarse a cumplir tareas desde el 1 de octubre».
Giaquinta, que tiene una amplia trayectoria en defensa de Derechos Humanos y trabajó en la Medalla Milagrosa junto al recordado Padre Miguel, asegura que su defendida es inocente y que fue manipulada por su pareja, lo que tratará de demostrar en el proceso judicial.