Por Alejandro César Suárez | @alecesarsuarez
La Municipalidad de F. Varela informó que el intendente Watson «decretó la emergencia en el transporte público local», lo que fue aprobado por el Concejo Deliberante en una reunión extraordinaria que duró menos de 20 minutos.
La Municipalidad de F. Varela informó que el intendente Watson «decretó la emergencia en el transporte público local», lo que fue aprobado por el Concejo Deliberante en una reunión extraordinaria que duró menos de 20 minutos, aunque advirtiendo –oralmente- los opositores que no acompañaban un artículo del decreto, el que establecía la facultad de «autorizar la contratación temporal de transportes alternativos (escolares, turísticos o privados) en caso de cese de actividades de las prestarías actuales».
Como es sabido, la situación del transporte en nuestra ciudad es calamitosa desde hace décadas. Y en eso mucho –o todo- tiene que ver el sostenimiento de un «monopolio» que impide que sean varias las empresas que cubran los trayectos barriales. Esa medida, sostenida a través del tiempo por las administraciones peronistas de Pereyra y Watson, tiene como consecuencia lo que miles de varelenses viven a diario: colectivos que no cumplen las frecuencias, interrupciones del servicio, unidades en condiciones precarias, que se incendian, se rompen o pierden una rueda en pleno recorrido y hasta micros que se desfondan matando a sus pasajeros, como pasó con Sebastián Miere, de quien las autoridades ya parecen haberse olvidado.
Pero recién ahora el jefe comunal descubrió la «emergencia». Ni siquiera la absurda muerte del joven acontecida en 2024 alcanzó para que se tomaran drásticas medidas al respecto.
La norma aprobada autoriza, por un año, al «rediseño de líneas y recorridos, permitiendo modificar itinerarios, unificar líneas o establecer servicios troncales temporales para optimizar el uso de las unidades, la posibilidad de establecer horarios de emergencia y frecuencias mínimas obligatorias, inclusive fuera de los pliegos de licitación vigentes, la creación de una Mesa de Emergencia integrada por representantes del Ejecutivo, el Concejo y las empresas prestadoras, para elaborar un Plan de Contingencia», y el ya mencionado apartado sobre Contrataciones directas.
Cabe recordar que el 80 por ciento del transporte local está en manos de un monopolio: tanto El Halcón como la empresa San Juan Bautista y Micro Ómnibus Quilmes pertenecen a MOQSA.
Una vieja historia de monopolio
En 1981, cuando en nuestras calles circulaban los fieles colectivos de la «Treinta de Agosto» (la 500 original) ya se hablaba en Florencio Varela sobre la imperiosa necesidad de incrementar el servicio público de transporte para permitir el acceso a lugares prioritarios como zonas de trabajo, mercados, farmacias, bancos, escuelas y centros de salud del distrito.
Fue por eso que, aunque no cumplia los requisitos establecidos por la Ley de Transporte colectivo de pasajeros, se autorizó «en forma transitoria» a realizar varios recorridos en nuestro distrito a la Empresa de Micrómnibus El Halcón S.A, lo que según el expediente N°4037-12.552-V-78, serviría como un paliativo para las «zonas marginales del Partido».
El bochorno de 2017
En 2017 se realizó un proyecto para el transporte público que permitía que más líneas y ramales se abrieran y se distribuyeran en varias empresas para evitar el monopolio. Como nunca antes, todos los concejales coincidieron en una iniciativa que llamaría a licitación de nueve de las 13 líneas comunales que habían sido otorgadas a la empresa San Juan Bautista tras la quiebra de la firma 30 de Agosto. Estas eran las 500, 503,506, 507,508, 509, 511, 512 y 513.
El Ejecutivo Municipal dictó el decreto que establecía la organización de los recorridos en cuatro líneas con cinco ramales y aclaraba que ninguna empresa podía ganar el concurso por la totalidad de los servicios. También, sólo podría adjudicarse, como máximo, dos líneas.
Durante la 12ª. Sesión Ordinaria de 2017 del Concejo Deliberante local, una agresiva comitiva de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) irrumpió en la sesión legislativa y logró, junto a millones de razones nunca aclaradas del todo, torcer el proyecto.
Así lo recordó en Mi Ciudad la ex concejal Gabriela Lasso: «Nos amedrentaron en forma insólita para un Estado en democracia, sin policías, ni fiscales que actúen de inmediato, estuvimos prácticamente secuestrados por horas, presionaron para tirar el trabajo de todos los bloques por la borda, con argumentos mentirosos como la pérdida de empleos, y se volvió a beneficiar a «la 500» que luego fue absorbida por el grupo MOQSA»,
En esa jornada, la empresa «San Juan Bautista», que había amenazado con un paro, bloqueó con sus colectivos las entradas y salidas no sólo del Concejo Deliberante, sino también de la Universidad Jauretche, los Juzgados de Faltas y la Comisaría de la Mujer. El argumento esgrimido fue que el Concejo buscaba «disolver la empresa».
Con este panorama, micros sitiando el predio y la presencia de trabajadores de la empresa y representantes de la UTA haciendo presión en el recinto, los concejales del Frente para la Victoria y del Frente Renovador acordaron firmar un acta-acuerdo por la cual el Ejecutivo suspendería el llamado a licitación e introduciría modificaciones en los pliegos, que fue rechazada por los bloques de Cambiemos y Nuevo Encuentro, pese a lo cual resultó aprobada.
El episodio constituyó un peligroso antecedente, al dar marcha atrás con una ordenanza por las presiones recibidas durante la sesión de la que también participó el Secretario General de Administración y Fiscalización, Contador Daniel González.
Nada cambió para bien
A nueve años de aquella vergonzosa sesión, el flamante decreto promovido por el intendente Watson y aprobado por el Concejo Deliberante no hace sino abrir nuevos interrogantes. Si hasta hoy la Comuna no logró un control mínimo de las unidades que circulan por la ciudad, con los múltiples inconvenientes que se vienen sufriendo y ya enumeramos, ¿quién garantiza el control sobre la seguridad de los pasajeros que utilicen los «medios alternativos» de transporte que podrían habilitarse de aquí en más? ¿Quién se hará cargo de las responsabilidades a la hora de una nueva tragedia?
La realidad es una sola: el transporte público en Florencio Varela está en emergencia desde hace 40 años, y los responsables tienen nombre y apellido.