Por Federico Ahrtz.
En estos días, la justicia avanza sobre un caso que desnuda lo que muchos vecinos intuíamos, desde un área clave de la Secretaría de Hacienda municipal se hurtaba dinero público de manera estratégica, utilizando mecanismos espurios que transformaron las cajas recaudadoras en canales de desvío de nuestros impuestos.
En estos días, la justicia avanza sobre un caso que desnuda lo que muchos vecinos intuíamos, desde un área clave de la Secretaría de Hacienda municipal se hurtaba dinero público de manera estratégica, utilizando mecanismos espurios que transformaron las cajas recaudadoras en canales de desvío de nuestros impuestos.
La investigación habla de 16 millones de pesos faltantes en apenas tres meses de 2024, pero todos sabemos que esa cifra es apenas la punta del iceberg. Lo que hoy se presenta como un número «oficial» seguramente se multiplica por diez si se revisa con seriedad el sistema de recaudación.
Doce funcionarios y empleados municipales van a juicio, acusados de asociación ilícita y defraudación agravada. Sin embargo, para los vecinos esto no es nuevo, lo que aparece ahora es la evidencia de que alguien, en su sano juicio, decidió no seguir sosteniendo el silencio y expuso cómo se manipulan nuestras tasas y se aprovechan de nuestra confianza expresada en el voto.
La situación es grave. Mientras la Secretaría de Hacienda queda en el ojo de la tormenta, el ejemplo que baja desde el Ejecutivo es el de la sonrisa en redes sociales, como si nada pasara. Nadie renuncia, ningún jerárquico da explicaciones, menos la responsable de dicha secretaría.
Querido vecino, la pregunta es inevitable, ¿Qué estamos pagando con nuestras tasas? Si miramos la boleta de la AMIP, aparecen siglas y conceptos impositivos sin el debido detalle, lo que abre la sospecha de si no estamos frente a un delito de omisión o, al menos, una falta grave en la transparencia administrativa.
Ahora bien, querido vecino, nuestra hipótesis es que estos hechos no son la regla en la administración municipal, sino la expresión de prácticas corruptas que se enquistan en áreas sensibles. Así, mientras los vecinos son intimados a pagar sus tasas para luego tener que presentarse en el «palacio municipal» y hacer un convenio, porque la gestión debe asegurarse la recaudación, los funcionarios sustraen el dinero público, robando la confianza depositada en ellos, y continúan con actitudes hipócritas, dando el ejemplo de que ya no son. De esta manera el relato se hace elocuente, falto de palabra y responsabilidad, se asume que todo pasa y nadie reuncia o se hace cargo.
Este es el Florencio Varela que no miramos, un municipio donde la recaudación se convierte en botín y la confianza ciudadana en moneda de cambio. Por eso, es necesario comunicarles a los funcionarios que su omisión de la realidad no los exime de responsabilidad. Los vecinos tenemos derecho a exigir que la justicia avance y que respondan por sus actos. Este es también el Florencio Varela que no miramos,