Otro escándalo con menores en Varela

Otra vez un escándalo con víctimas menores de edad sacude a Florencio Varela. Una investigación a cargo del Fiscal Daniel Ichazo, de Berazategui, descubrió que en el Hogar «Nido de Águilas», de La Capilla, en nuestra ciudad, se habrían estado esclavizando al menos a 13 menores. El lugar había sido noticia hace un par de años al conocerse que internos de la Unidad Penal 54 de nuestra ciudad le habían donado juguetes y muebles confeccionados por ellos.
De acuerdo con los elementos de prueba recolectados, dos mujeres habrían sometido durante un período prolongado a los menores a trabajos y condiciones de vida incompatibles con su edad, su salud y su desarrollo. Ambas mujeres están detenidas y se negaron a declarar en la sede judicial.
Según surge del expediente, los chicos eran obligados a preparar cemento, levantar maderas, piedras y otros elementos pesados, hacer tareas de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos, juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, cortar pasto, armar bultos pesados y alimentar animales. También debían ocuparse del cuidado y la limpieza de las casas, del mobiliario y de los animales del lugar, todo ello sin asistencia adulta adecuada y bajo condiciones consideradas peligrosas para menores. Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie. También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían, y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para impedir que contaran lo que ocurría. Además, se denunció que eran coaccionados y manipulados en sus relatos ante autoridades judiciales o de supervisión estatal, y recibían golpes, a veces con objetos contundentes, cuando se oponían a realizar esas tareas. Se detectó hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente, falta de higiene, episodios en los que algunos chicos dormían junto a los perros, y eran obligados a seguir trabajando inclusive cuando estaban enfermos, sin la atención médica necesaria y sin concurrir regularmente a la escuela, con afectación directa a sus derechos a la educación y a la salud. La investigación también avanzó sobre un presunto encubrimiento agravado.

En otra resolución se sostiene que dos funcionarias públicas de los Organismos de Niñez de Zona Oeste del Conurbano habrían ayudado a ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros y pruebas antes de un allanamiento. Según el expediente, habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los menores. Además, se les atribuye no haber denunciado oportunamente hechos que ya conocían en el marco de sus funciones.
Durante los allanamientos se secuestraron varios teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, entre ellos equipos Samsung y Apple, un disco rígido marca Seagate de 160 GB y documentación de interés para la investigación.
El hecho provocó la intervención del Ministerio de Capital Humano de la Nación, órgano desde el cual se solicitó un informe al Área de protección de niños y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, que es la encargada de supervisar el funcionamiento de estos hogares.
La Ministra Sandra Pettovello anunció que su cartera «adoptó distintas acciones en el marco de sus competencias legales y de rectoría del sistema de protección integral».
Al respecto, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, solicitó de manera urgente al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, un informe que explique minuciosamente las supervisiones efectuadas sobre los servicios zonales de La Matanza y Florencio Varela acerca del dispositivo convivencial y los niños y adolescentes alojados en el Hogar. También se pidieron los registros «sobre las medidas de restitución de derechos adoptadas para resguardar la integridad física y psicológica de los involucrados, incluyendo eventuales medidas de protección excepcional».
Después del caso Zisuela y Zisuela II, en los que funcionarios varelenses estuvieron involucrados en la explotación sexual de menores, los asesinatos de dos chicas en la recordada Masacre de Senzabello, los extraños asesinatos de Paloma y Josué en Bosques, el escándalo que rozó a la actual Secretaria de Desarrollo Social del Municipio por la muerte de un bebé en el Hogar que dirigía, y el más reciente triple crimen, una de cuyas víctimas también resultó una menor, un nuevo episodio policial que involucra a menores pone a Florencio Varela en la primera plana de la vergüenza nacional.