No tan seguros: La hora de pagar

En agosto de 2017, Mi Ciudad dedicaba su portada a una nota que fue finalista en la terna de los premios FOPEA al Periodismo de Investigación de ese año.
El artículo, titulado «No tan Seguros», revelaba cómo la Municipalidad de Florencio Varela había gastado en sólo seis meses de 2015 más de un millón y medio de pesos para custodiar nada menos que el predio de la Guardia Comunal. Es decir, para cuidar a los encargados de cuidarnos.
Decíamos entonces: «En la Antigua Roma, la Guardia Pretoriana era un grupo militar de elite, que los emperadores usaban para su custodia y seguridad personal, y sus integrantes gozaban de enormes privilegios, además de cobrar sueldos mucho más altos que los demás soldados del Imperio. Entre los emperadores que supieron valerse de sus servicios estuvieron Marco Antonio, César Augusto y… Julio César. Siglos más tarde, otro Julio César, pero de apellido Pereyra, decidió dejar en manos de un cuerpo especializado la seguridad… de la propia Guardia Comunal. Y ese cuerpo especializado es una empresa que, casualmente, lleva como nombre «Pretorian Investigation SRL».
A casi una década de esa nota, la empresa acaba de ganarle un millonario juicio al Municipio por no haberle pagado sus servicios. La deuda reclamada es por trabajos prestados en el predio del ex frigorífico El Látigo, en la Guardia Comunal y en la Secretaría de Medio Ambiente.

Qué es Pretorian

Pretorian es una empresa de Berazategui, constituida en 2002, que ofrece «seguridad física con personal altamente capacitado, investigaciones privadas, seguridad para eventos, seguridad de mercadería en tránsito y seguridad electrónica para hogares y pymes» y opera en Capital y el Gran Buenos Aires.
El 30 de diciembre de 2014, la Comuna y Pretorian firmaron un contrato de locación de servicio de seguridad, con un llamativo objeto: contratar a la agencia para que «preste servicios de seguridad y vigilancia sobre el predio de la Guardia Comunal», ubicado en Avenida Eva Perón Nº 5153 esquina Paysandú de Florencio Varela.

Cuando Scioli era peronista

La Guardia Comunal funciona en F. Varela desde diciembre de 2012. El organismo se puso en marcha durante un acto que contó con las presencias del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y el Ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal. Según la información difundida por el Municipio, se trataba de «una nueva herramienta para contribuir a la prevención del delito, mediante un servicio de patrullaje, las 24 horas.».
El sistema empezó con 10 camionetas financiadas por el municipio, a las que se sumaron 10 motos aportadas por el gobierno provincial para uso de la Policía. 50 agentes municipales, con un efectivo policial por móvil serían los encargados del funcionamiento de la Guardia que tendría conexión directa con la línea telefónica gratuita municipal, el 911 y el Centro de Monitoreo, y debía coordinar acciones con agentes policiales, de salud, de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Tránsito, y todas las áreas intervinientes.
Ese mismo día, Pereyra remarcó «la importancia de trabajar en materia de seguridad desde la prevención del delito, lo cual implica no sólo policías y patrullas en la calle sino políticas de inclusión social y actividades culturales y deportivas». Y Scioli, que en esos tiempos era peronista, no se privó de destacar la «visión moderna» del intendente al «abordar la seguridad desde la prevención y su decisión de trabajar por una vida sana, desde la cultura y el deporte».

El juicio

El expediente N° 27.933, caratulado «PRETORIAN INVESTIGATION SRL C/ MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS» se inició el 8 de agosto de 2017 y ya tiene sentencia, dictada por el juez Hugo Guarnieri.

La demanda se estableció por la suma de $2.648.148,96, más intereses y costas. En el escrito, se explica que Pretorian, empresa especializada en seguridad privada, estaba inscripta como proveedora, bajo número de registro N°3813, y comenzó a prestar servicios para la Comuna el 14 de marzo de 2014, en el predio antiguamente ocupado por el Frigorífico El Látigo, «objetivo que se montó en virtud del robo de materiales, los rieles de traslado y aberturas y el desmontado del techo del mismo, quedando en el lugar, paredes, una pileta que se inundaba donde concurrían chicos y bienes varios que no habían sido objeto del ilícito», que se contrataron dos turnos, uno de 12 a 24 donde prestaba servicios un hombre y otro de 24 a 12, donde prestaban servicios dos, y que el 31 de diciembre de ese mismo año, «el Secretario de Seguridad del municipio les informa que para poder facturar debían mudar el servicio a donde está la Guardia Comunal, lo que se comenzó a hacer a partir del 1° de enero de 2015».
La demanda destaca que «nunca se cobró el servicio y todas las facturas presentadas debieron ser anuladas, siendo necesario hacer una nota de crédito en virtud de dos facturas que habían sido pasadas por el contador de la empresa» y que «con la Secretaría de Ambiente sólo se facturó y se perdió dinero en virtud de la falta de pago de los servicios, pese al intercambio de mails entre su representada y la municipalidad demandada, por medio de sus abogados».
También se agrega que la empresa «comenzó a cuidar el predio de la cava… servicio que se prestó hasta el 13 de julio de 2015, siendo levantado por la falta de pago».
En los considerandos de su sentencia, el juez especifica que «en el período que va desde 2014 a 2015, se efectuó contratación de los servicios prestados por la actora». Y que «se ha probado la existencia de las contrataciones administrativas que vincularan a las partes», remarcando que «la Municipalidad de Florencio Varela no desconoció la deuda, sino que hizo hincapié en que el actor no presentó la documentación necesaria para su pago». Habiendo acreditado el cumplimiento de los servicios contratados, se establece que «Queda en evidencia entonces que el actuar de la Comuna… se encuentra reñido con el deber de buena fe, al amparo del cual se deben interpretar y cumplir los contratos de la administración» por lo cual «asiste derecho al accionante al cobro de las cuatro facturas referenciadas por el perito contador en su dictamen».
Haciendo lugar al reclamo y aplicando la debida actualización, el Juez resolvió «hacer lugar a la demanda interpuesta y condenar a la Municipalidad de Florencio Varela a abonar a la actora la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($6.496.000.-), en concepto de la prestación por servicios impagos, correspondiente a las facturas detalladas en la pericia contable con más los intereses dispuestos…».
Además, la Comuna deberá hacerse cargo de las costas del juicio.