A través del Decreto Nº 153, 20 de las 46 salas de juego recibieron una prórroga en sus contratos. Si bien la mayoría de las renovaciones fueron por dos o tres años, cuatro de ellas, incluidas la de Florencio Varela y las de Berazategui, recibieron 15 años más de permiso para operar.
En algunos casos, las autorizaciones habían vencido entre 2007 y 2012, en otros llegarían recién entre 2016 y 2020.
Argumentalmente, el Decreto contempló que «la actividad desarrollada en las salas de Bingo ha permitido el desempeño de la actividad, la generación de empleos, inversiones y un incremento sostenido en el tiempo de la recaudación de la renta pública».
Juego sí, humo no
En agosto de 2012, y luego de meses de intenso debate debido a la presión de las empresas del sector, la Legislatura bonaerense sancionó la reforma a la Ley Antitabaco, que prohibía fumar en espacios públicos, vigente desde 2008, pero que no había incluido en su momento a las salas de juego.
Tres iniciativas, de los más diversos sectores políticos, habían confluido: Un proyecto del diputado Walter Martello (Coalición Cívica), otro de su par Juan de Jesús (Frente para la Victoria) y un tercero de Marcelo Díaz (FAP), integrante de la misma Cámara.
Un mes después, la ley fue promulgada por el gobernador Scioli, quien consideraba la medida como una forma de luchar contra la ludopatía, al obligar a que los fumadores debieran dejar los salones cerrados si querían encender un cigarrillo.
Aquella medida y la actual van en flagrante contradicción, pero el titular del Ejecutivo bonaerense sabe que los juegos de azar constituyen una buena fuente de financiamiento para las alicaídas arcas provinciales.
Ahora bien, ¿cuál será la recaudación? La renovación de permisos obligará a las compañías a abonar un «monto fijo no reembolsable», que está estipulado sobre la base del promedio del canon mensual de 2012 por «Bingo Tradicional» y «Máquinas Tragamonedas», multiplicado por la cantidad de años que renueva.
Uno de los cálculos iniciales indica que el monto alcanzaría los 550 millones de pesos, y deberá pagarse antes del 20 de diciembre.
De ese volumen, el 95 por ciento quedará en manos del Tesoro de la provincia, mientras que apenas el 5 por ciento restante irá a los municipios. Ese 5 por ciento equivale a 27,5 millones de pesos.
Ludopatía
El porcentaje de esos 27,5 millones destinado a los municipios parece resultar completamente insuficiente para que una administración comunal, como podría serlo la de Florencio Varela, pueda luchar contra la adicción que provocan los juegos de azar, y que se conoce como «ludopatía».
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