Las cuentas no cierran

Según Mi Ciudad pudo conocer, de las 200 cooperativas varelenses en las que más de 3000 hombres y mujeres deberían tener un trabajo digno, hoy, después de más de dos años de puesta en marcha del programa, no llegan a diez las que efectivamente realizan trabajos y pueden facturar y logran un ingreso digno.
Claro que las cooperativas siguen funcionando, al menos en apariencia, por un motivo lógico: sus integrantes cobran un subsidio o un plan de jefe o jefa de hogar. Es decir, perciben un ingreso del Estado y no del trabajo de la cooperativa como tal.
Y es un secreto a voces que algunas de ellas están manejadas por punteros políticos a los que los presidentes y demás integrantes están obligados a responder.
También, que detrás de la fachada de ciertas de ellas figuran acaudalados empresarios socios eternos del poder político local. Y hasta ex convictos.
Según la página del Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social (INAES), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, una cooperativa es «una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas»
La definición proviene de la Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos que la Alianza Cooperativa Internacional manifestó en la ciudad de Manchester en 1995.
La página agrega que una cooperativa «es una EMPRESA que se POSEE EN CONJUNTO y se CONTROLA DEMOCRATICAMENTE».
Y abunda diciendo que: «Estas dos características de propiedad y control democrático son las que las diferencia de otros tipos de organizaciones como las empresas controladas por el capital o por el gobierno. Cada Cooperativa es una empresa, en el sentido que es una entidad organizada que funciona en el mercado, por lo tanto debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente».
Firmemente encolumnada en las políticas nacionales, la Administración Pereyra puso en marcha, en 2012, la creación de alrededor de 200 Cooperativas Sociales de Trabajo.
El operativo, impulsado desde el área de Desarrollo Social del distrito, se inició con la convocatoria de distintos Contadores para activar todo lo relacionado a la constitución de dichas Cooperativas, como la exención de impuestos, los copiados de libros y poder guiar a los cooperativistas a que estos desarrollen en forma correcta la vida impositiva de sus agrupaciones, con la coordinación de la Universidad de Buenos Aires y del INAE S.

¿Qué hace una Cooperativa?

Las Cooperativas tienen por objeto asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados, las actividades inherentes a reparación, mantenimiento, mejora y construcción de obras públicas y privadas. Albañilería, pintura, electricidad, herrería, carpintería, plomería e instalación de redes de luz, gas, agua y/o cloacas y sus conexiones domiciliarias. Fabricación de ladrillos, bloques y otros elementos para la construcción. Señalización, bacheo y otras actividades de mantenimiento vial, Mantenimiento y creación de espacios verdes, zanjeo, desmalezamiento y parquización en lugares públicos y privados. Asimismo, en razón de la especialidad profesional técnica de sus asociados, pueden asumir cualquier otro tipo de tareas en obras públicas y privadas. Además, deben «fomentar el espíritu solidario y de ayuda mutua entre asociados y cumplir con el fin de crear una conciencia cooperativa».

Las cuentas no tan claras

Las Cooperativas deberían liquidar en forma mensual sus impuestos (IVA, Ingresos Brutos, etc.) como cualquier sociedad civil, y confeccionar al finalizar los ejercicios económicos sus respectivos Balances informando sus movimientos. Pero de acuerdo a lo informado a Mi Ciudad por fuentes cercanas a estos emprendimientos, la mayoría de los balances no registran movimiento alguno: en otras palabras, nunca facturaron un solo peso de su producido. Para colmo, gran parte de estos balances carecen de un requisito excluyente para su validez: la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
El punto originó un conflicto entre el Licenciado César Ramírez, de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, y algunos contadores de las cooperativas. El funcionario habría sugerido a los profesionales hacerse cargo de estas certificaciones.
Y hay más. Como el INAES exige que las Cooperativas tengan los Balances al día para poder seguir con el Plan Argentina Trabaja, Ramírez le pidió a los contadores que entreguen los respectivos Balances. Pero hay un gran inconveniente: muchos de ellos no fueron firmados por los Presidentes de las Cooperativas, algunos de los cuales, por desconfianza, o ante un inminente cambio de autoridades –se anuncia una asamblea general para marzo- se niegan a rubricarlos, por lo cual estaríamos ante la irregular existencia de balances que sólo contarían con la firma del contador interviniente, algo prohibido por la Ley 10620, y otras normas.
Frente a esta situación, los contadores quedaron entre la espada y la pared: si aprueban los balances sin las firmas de los titulares de las cooperativas, se exponen a ser sancionados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y si no lo hacen, pueden perder su vínculo laboral con la Secretaria de Desarrollo Social y de esta forma perder el cobro mensual por su labor profesional por la que, dicho sea de paso, aún se le adeudan los meses de agosto y septiembre de 2014 y otros saldos de 2012.
Las cuentas no están claras en el «Argentina Trabaja».
Cooperativas que no funcionan como tales, y se utilizan para disminuir ficticiamente el índice de desocupación, integradas por hombres y mujeres que reciben un subsidio provincial y/o nacional y no pueden desarrollar su labor como cooperativistas, balances de dudosa transparencia y presiones están a la orden del día en nuestra ciudad.
En medio de todo, una vez más, quedan los trabajadores, a los que se los mantiene con la limosna de un subsidio, mientras la parte del león queda para los de siempre.