EDITORIAL

El desafío

Editorial » 01/02/2019

En medio de la crisis económica y apurado por la cercanía de las Elecciones, el Gobierno Nacional ahora quiere aplicar medidas que sus votantes esperaban desde su primer día de gestión.
En ese sentido se encuadra un «endurecimiento» de la política de seguridad, por ahora más agitado en forma de «fantasmas de la Derecha» desde las habituales usinas de la Izquierda que materializado en hechos concretos, y también, el decreto para avanzar con la extinción de dominio, que permitiría recuperar los bienes sustraídos por corruptos y narcotraficantes, pero está inmovilizado en el Congreso desde hace un largo tiempo.
El voto a Cambiemos en 2015, ratificado e incrementado en 2017, se nutrió de tres elementos fundamentales: la necesidad de insertar al país en un rumbo cierto y sintonizado con el mundo, en oposición al alineamiento del kirchnerismo con devaluadas dictaduras, el imperioso deseo de que las calles se conviertan en un lugar seguro, donde los ladrones, violadores y asesinos empiecen a pagar por sus delitos, y el clamor de que la casta de corruptos que pasó por el poder en la última década termine en prisión, no sin antes devolver cada uno de sus bienes mal habidos.
Pero Cambiemos decidió ejercer su mandato de un modo tibio, tal vez creyendo que de ese modo, lograría sumar los votos de los que nunca lo apoyaron ni lo apoyarán.
Si la gente hubiera querido la «patria socialista», los piquetes y las doctrinas «garantistas» de personajes como Zaffaroni y Hebe de Bonafini, siempre especialmente empáticos con los victimarios y nunca con las víctimas, hubiera votado al Partido Obrero. Pero votó a Cambiemos.
El «gradualismo» aplicado en la Economía con los resultados hasta ahora conocidos también intentó utilizarse en otros ámbitos. Y con más de tres años en su cargo, Macri no consiguió todavía que aparezcan los famosos «brotes verdes». Ni logró avance alguno en cuestiones de inseguridad. Al mismo tiempo, cientos de corruptos caminan sonrientes e impunes por las calles. Y no sólo los que ocuparon despachos nacionales, sino también intendentes, concejales, sindicalistas y «empresarios» que se enriquecieron durante estos años sin que un juez ni un fiscal tengan las agallas suficientes como para mandarlos a la cárcel. Que la Justicia es independiente, ya se sabe. Pero también se sabe de qué modo se eligen los jueces, y cómo las causas se aceleran o se estiran de acuerdo a los tiempos que se transitan y a quién maneja los hilos del poder.
No nos confundamos. Hoy el país no está gobernado por una asociación ilícita. No todos son iguales. Pero si el Gobierno no deja de moverse espasmódicamente de acuerdo a las encuestas y de una buena vez se decide a interpretar y ejercer el mandato que la gente le dio, este no será el cuarto año de su gestión, sino el último.
Tremenda encrucijada nos espera este año. El desafío es para valientes, no para tibios. Tanto para los votantes como para los elegidos.


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