El vacunatorio VIP varelense, investigado por la Justicia.

La «vacunación VIP» del ex intendente y actual legislador provincial Julio Pereyra y otros amigos del poder político varelense -y zonal- está siendo investigada por la Justicia.
Efectivamente, el 10 de marzo, por orden del Juez Federal Luis Armella se allanó –en un procedimiento de la Policía Federal, que duró varias horas- el Hospital El Cruce-Néstor Kirchner.
El viejo barón del Conurbano recibió las dos dosis de la Sputnik V en el Hospital El Cruce, en fechas en que solo podía ser inoculado el personal sanitario. Y lo hizo figurando como «personal de salud». Mi Ciudad reveló en exclusiva la noticia que luego fue reproducida por medios de todo el país.
El 5 de marzo, las diputadas nacionales Mónica Frade y Marcela Campagnoli presentaron una denuncia penal fundada, entre otros artículos en los 256, 256 y 262 bis del respectivo Código. Las dos primeros penan con »reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua», al funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones y a cualquier persona que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia», mientras que el último pena al funcionario público «que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo».
En la denuncia, luego de remarcarse la carencia de vacunas suficientes, se dice que el oficialismo utilizó esas escasas vacunas para sus familiares, amigos y compañeros políticos. «¿Qué hacen quienes se roban vacunas para los suyos, aprovechando una ubicación pública preferente? ¿Acaso no matan a quienes, debiendo recibirla por ser personal de salud, ancianos, docentes personal de seguridad o enfermos, deberían haberla recibido?», se pregunta en el escrito presentado ante la justicia quilmeña.

Los vínculos del poder

La denuncia continúa: «Uno de los lugares físicos de salud que obró de espacio para que estas ilegales preferencias tuvieran lugar fue el Hospital de Alta Complejidad Dr. Néstor Carlos Kirchner, conocido como Hospital del Cruce, dirigido por el Dr. Ariel Sáez de Guinoa, un varelense y docente de la Universidad de esa misma localidad. Allí, alterando el sistema de referencia, recibieron la Sputnik V, de modo preferencial e ilegal –entre otros–, el exintendente del Partido de Florencio Varela, hoy diputado provincial, Julio César Pereyra. El sistema SISA así lo dejo corroborado, cuya información fue recogida por el periódico varelense Mi Ciudad, dirigido por el Dr. Alejandro César Suarez… Como bien expresa la nota, se vacunó Pereyra, «entre otros». Esa vacunación preferente lo era a sabiendas de la alteración ilegal, para lo cual también se falseó la información documental (artículos 193 y siguientes del Código Penal), consignando que el nombrado lo hacía como «personal de salud».
Esta mención admite el pleno conocimiento de que –ese y, desde luego, no otro- era el personal beneficiario de modo prioritario y excluyente a cualquier otro. Si así no fuera, se hubiera consignado con su carácter de funcionario público, denominado ex post «estratégico». Como «personal de salud», ya habría recibido incluso su esquema de vacunación completo los días 25 de enero y 18 de febrero», señala.
Más tarde, Frade y Campagnoli vinculan este hecho con investigaciones anteriores que parecen haberse «paralizado» misteriosamente: «Pereyra no es la primera vez que recibe trato preferente. También lo es de parte del propio Poder Judicial, remiso para avanzar en la determinación sobre el origen de su patrimonio, el de exesposas, colaterales y descendientes. Nunca mejor aplicada la máxima «hoy por ti, mañana por mí», y así es que llegamos a este punto, de consagrada impunidad, frente a la posibilidad cierta de la muerte de un «beneficiario», que no pudo ser», se afirma.
«El Hospital del Cruce tiene una conducción integrada por su Director y un Consejo de Administración, presidido por la Dra. Mariela Mussi, hija del Intendente del Partido de Berazategui (según información, también vacunado de modo preferente) y por un Consejo de Administración, integrado por los siguientes vocales: la doctora Susana Fernández (médica, exdiputada provincia de Bs. As. 2001/2005), el doctor Jonatan Konfino (Secretario de Salud de Quilmes y docente de la UNAJ) y el contador Daniel González (funcionario de la Municipalidad de Florencio Varela desde el año 2012). Omitiré detalles de los vínculos cruzados de todos ellos, tanto en el plano político como en el académico. La Universidad Arturo Jauretche (UNAJ), situada a 300 metros del Hospital, está conducida por el Lic. Ernesto Villanueva, oportunamente denunciado por ante este mismo Juzgado hace ya algunos años.
También en esa ocasión se destacó sus vínculos con Julio César Pereyra y la de todos ellos, con la Fundación Arturo Jauretche (homónima de la Universidad), desde donde triangulaba el dinero del Mercosur para malversarlo. La investigación parecía «atractiva» y sumamente documentada. Parecía. Destaco estos antecedentes para que se comprenda que el vacunatorio ilegal reúne a casi todos los personajes políticos tradicionales de Florencio Varela, aunque aquí se habría sumado –y así pido se investigue– el actual Intendente del Partido de Berazategui, cuya hija, como mencioné, es justamente la presidente del Consejo de Administración de este hospital. El reparto de vacunas aquí viene a reproducir esa «familia política» de la zona de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui», sigue el escrito.

«Egoísmo oligárquico»

En la presentación judicial se solicita «avanzar en la investigación, entre otras cosas, verificando los registros del sistema SISA y la propia documentación obrante en sede del Hospital de referencia. Asimismo, qué responsabilidad le cabe a su Director, sin perjuicio de la responsabilidad penal de todos quienes, vinculados a los nombrados, hubieran accedido a la vacuna, sin trámite administrativo previsto y sorteando las limitaciones por actividad, edad y ocupación.
Esto es insoslayable si tomamos en cuenta los datos oficiales de la página de la Provincia de Buenos Aires («Buenos Aires vacunate»), puntualmente correspondiente a la Municipalidad de Florencio Varela. Al día 4 de marzo, consultado el Monitor Público de la página oficial de la provincia de Buenos Aires, en el segmento «Sala de situación», tenemos que en Florencio Varela se aplicaron 8128 dosis de vacunas, de las cuales 6550 fueron primera dosis y sólo 1578 en segunda dosis.
Los datos arrojan una preocupante escasez de vacunas y una altísima demanda. En este contexto, burlar las prioridades en desmedro de los segmentos verdaderamente útiles a la sociedad merece el mayor rigor de la norma penal».
Por último, tras indicar que «los presuntos beneficiarios de esas maniobras habrían expresado no solamente una actitud de egoísmo oligárquico de la peor especie, sino, además, transitado una concepción del Estado reñida con el sistema republicano y democrático de gobierno», la denuncia pide concretamente: «la urgente obtención de los registros obrantes en el Hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, en el que se consigna lo siguiente:
-Totalidad de vacunas recibidas de Nación y Provincia de Buenos Aires, hasta la fecha.
-Totalidad de personal de salud activo que se desempeña en ese hospital, con discriminación de mayores y menores de 60 años.
-Cantidad de personal del punto anterior vacunado, con indicación de fechas y cantidad de dosis.
-Totalidad de personal externo al nosocomio que haya sido vacunado, con indicación de fechas y número de dosis. En cada caso indicando si se vacunaron consignando ser «personal de salud».
-Si surge de esos registros que se hayan vacunado: Julio César Pereyra, Juan José Mussi, Daniel González, Ernesto Villanueva, Arnaldo Medina, Jonatan Konfino.
Sin perjuicio de los nombrados, se determine totalidad de personal ajeno al nosocomio que haya recibido la vacuna, con particular interés, los miembros del gabinete de la Municipalidad de Florencio Varela, su Intendente, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante y la totalidad de los ediles. Lo propio en relación con el personal administrativo que se desempeña en la Universidad Arturo Jauretche.
2- Se periten los registros de las Cámaras de Seguridad del hospital desde el mes de Diciembre y hasta la fecha, a los efectos de constatar ingreso y egreso de funcionarios legislativos, del ejecutivo o judicial».

La contadora Primus, Giannettasio y otros

En una ampliación de la denuncia original, la Dra. Frade manifestó que tomó conocimiento de nuevas personas que resultaron indebidamente beneficiarias de la Sputnik. Son ellas, según lo relata: el Dr. Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Coronel –su pareja-, jefa de Comunicación del Hospital El Cruce, la contadora Gisella Primus, Secretaria de Hacienda de Florencio Varela y pareja del contador Daniel González, directivo del Hospital, Leonardo Simioli, secretario y chofer de Medina, el Dr. Ezequiel Mazzoni, Director de Infraestructura y Tecnología del Hospital, y la abogada Graciela Giannettasio, ex diputada nacional.
Frade remarca que «ha sido vacunado el personal administrativo, no así la totalidad del personal de salud y menos el de mantenimiento y limpieza, que son quienes están en contacto directo con superficies de alto riesgo por el virus».
El allanamiento del Hospital El Cruce fue la primera medida tomada en el expediente por el Juez Armella.