Los kelpers de La Rotonda

Es una bastante fría mañana del recién llegado otoño. Apenas llego al Barrio La Rotonda, de nuestra ciudad, para entrevistarme con unos vecinos de la zona, un fuerte y nauseabundo olor a gas se mete en mi nariz, que no tardará mucho en empezar a irritarse, del mismo modo que mis ojos y mi garganta. Todas estas sensaciones son parte de la rutina diaria para quienes viven desde hace décadas en un lugar que tiene el raro privilegio de contar, en un estrecho espacio, con 12 industrias, entre ellas varias curtiembres, fábricas de pesticidas y recuperadores de baterías. Un lugar donde las chimeneas lanzan humo durante todo el día, pero principalmente en horario nocturno, y en el que los camiones entran y salen en forma permanente, sumando el ruido y el polvo que constantemente vuela a un paisaje de por sí desolador.
Los problemas bronquiales, gastrointestinales y de colon de varios vecinos, nacimientos múltiples, nacimientos de chicos con deficiencias mentales, personas que sufrieron un ACV (accidente cerebro vascular) y cayeron muertas mientras caminaban por la calle, y una llamativa cantidad de suicidios de jóvenes en el barrio, son algunos de los casos que obligan a pensar si todo será, simplemente, obra de la fatalidad».

Así comenzaba la nota de tapa de Mi Ciudad de abril de 2006, en la que entrevisté a Marcela Acosta, que residía –y aún vive- en la calle Berni al 400 de ese barrio, justo frente a «Industrial Varela», una empresa que trabaja con baterías usadas y a la que la Justicia acaba de señalar como una de las principales responsables de la contaminación. Marcela nos contó en aquella oportunidad que decenas de vecinos sufrían altos niveles de plomo en sus cuerpos. Entre ellos, su hijo, que con solo dos años, tenía 23, 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre, más del doble de lo que la OMS considera aceptable para un adulto.
Dieciséis años más tarde, la nota podría empezar exactamente igual, pero con una novedad: la Justicia acaba de darles la razón a los vecinos y fallar contra Industrial Varela, la Municipalidad local y la Provincia de Buenos Aires, estas últimas, por desatender sus funciones de contralor.
La demanda fue presentada hace más de diez años, con el patrocinio letrado del programa de Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Entre los demandantes, estuvo Luis Camiletti, ya fallecido por cáncer de riñón, y su esposa, la maestra Lucía Choque, en cuya casa nos reunimos junto a otros residentes de la zona para esta nota. «Él siempre cortaba la ligustrina y respiraba lo que venía desde la chimenea de la fábrica –nos relata, compungida- y eso lo afectó».
Dieciséis años después de aquel escándalo que derivó en la creación de un «Comité de Crisis Ambiental» que como era esperable, se disolvió y no sirvió para nada, Mi Ciudad dialogó nuevamente con Marcela Acosta y otros vecinos de La Rotonda, quienes aseguraron que «nada cambió» en el lugar, donde un fuertísimo y nauseabundo olor impide una respiración normal, según podemos constatar.

«Estamos igual, o peor. Sentimos un olor espantoso, no se puede respirar más. Trabajan a toda hora, en horarios en los que uno no puede llamar a nadie. La Justicia les dio un año para retirarse del lugar o quedarse cambiando de rubro. Con baterías y plomo no pueden seguir trabajando», nos dice Teresa Leiva y agrega: «Mientras tanto seguimos viviendo con el aire enrarecido y con agua que no es potable. El agua de la red pública no se puede tomar, el gusto es espantoso, como a remedio»
Marcela, cuyo hijo ahora tiene 18 años y acaba de ingresar a la Escuela de Policía, explica: «Una vez que tenés plomo en la sangre no se va nunca más. O está en la sangre o se pega a los huesos. Por eso hay mucha gente mayor con problemas de huesos, cáncer de riñón, y mucha gente que hoy no está, que no lo puede contar». Sobre su hijo Lucas, agrega: «él siempre tuvo problemas respiratorios, y también problemas cognitivos. Igual, mis hijos mayores. Lucas a los cinco años se cayó y se quebró el cráneo, por la debilidad en los huesos, con un golpe que a otro chico sólo le hubiera causado un chichón. Otro de mis hijos tiene familia y a la nena más chica ya hubo que hacerle el estudio de plomo. A mí ahora me declararon asma… Queremos que se cumpla el fallo y se haga la remediación del ambiente. Acá las calles son de tierra y tienen plomo. Y tanto la Municipalidad como la Provincia se tienen que involucrar en esto».
Los vecinos insisten en denunciar que las calles del barrio siguen rellenas de baterías y por lo tanto, contaminadas. Y no sólo eso. Las plantas tienen plomo. Las verduras y flores se secan. «Hubo estudios que mandó a hacer la propia municipalidad y concluyeron que tienen que remover varias calles porque están contaminadas, pero nunca lo hicieron», dice Marcela, y sigue: «sólo arreglaron la calle Berni, para que puedan transitar los camiones de la zona industrial. La entrada y salida de camiones de Industrial Varela es permanente. La alarma que anuncia que sale un vehículo suena a cada rato. Sábados, domingos, feriados. Es increíble. El ruido, el olor, el humo de las máquinas…».
La polémica en 2006 fue tan grande que el entonces intendente Julio Pereyra terminó por recibir, luego de gran insistencia, a una delegación vecinal. «Cuando le reclamamos nos dijo: «yo no los contaminé, a mí no me digan nada», recuerda Marcela. «Y le dije que sí nos contaminó, porque él autorizó a la fábrica a trabajar o se vendó los ojos y no vio lo que hacía. Esa fábrica estuvo años trabajando sin habilitación».

La sentencia

El fallo, que firma la jueza María Fernanda Bisio, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, determina que Industrial Varela «ha contaminado el ambiente del barrio, su aire, su suelo, su biota (N. de la R: el conjunto de organismos vivos de una zona) y su población», y agrega: «El impacto del plomo acumulado durante medio siglo, con tres décadas de casi nulo control, ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente, que ha dado muestras claras de no tolerar ni una molécula más del metal. Sin dudas, el impacto se ha sentido con mayor preponderancia en la cercanía de la planta, donde han sido superados con creces los niveles máximos legales y se percibe la presencia del plomo de modo constante y en niveles considerables, pese a no existir otra fuente emisora». Luego, amplía con algo aún más preocupante: «Pero también, la empresa ha esparcido sus residuos con plomo sin tratamiento por el suelo del barrio, generando un pasivo ambiental cuyos alcances aún se desconocen, y que ha sido mitigado parcialmente con el asfaltado de algunas calles… El tiempo medio de vida del plomo en la sangre es de aproximadamente un mes, pero el plomo se deposita en la parte inerte de los huesos y permanece allí por décadas (25/35 años), hasta que vuelve a entrar en la sangre durante períodos de stress del metabolismo de calcio, como embarazo, lactancia, etc. Es decir, que el plomo presente en el organismo como consecuencia de una exposición crónica, puede no ser detectado en los estudios de sangre ni presentar síntomas evidentes, pero permanece como una fuente endógena de plomo, y puede ser liberado muchos años después durante el embarazo o la lactancia, y transferirse de la placenta al feto, lo cual supone no sólo un riesgo para las mujeres, sino también una afectación intergeneracional».
En sus más de 80 páginas, la sentencia agrega más detalles: «La ostensible degradación del ambiente del barrio La Rotonda por el plomo acumulado durante décadas, no ha hallado otra explicación que el funcionamiento de la industria, que ha fundido plomo de manera irregular durante un prologado período y que además de sus emisiones constantes, ha distribuido sus residuos indiscriminadamente por el suelo, sin contar por décadas con un sistema para su tratamiento y disposición, siendo responsable como generador de los mismos. En virtud de ello, Industrial Varela SRL es objetivamente responsable por el daño ambiental colectivo que ocasionó».

Responsabilidad compartida

La resolución judicial también avanza sobre las responsabilidades de la Municipalidad de Florencio Varela y el Gobierno Provincial: «cabe concluir que la Provincia ha omitido regular eficazmente para tutelar el ambiente y la población de una actividad sumamente riesgosa como el reciclado de baterías de plomo, que se desarrolla en el contexto del barrio La Rotonda», se lee en el fallo, que también destaca: «Si bien el municipio ha realizado diversas inspecciones a la industria ... los mismos resultaron insuficientes para cumplir con su obligación de tutela ambiental… Otro aspecto de la responsabilidad del Municipio en el daño ambiental, estriba en su omisión en el ejercicio de las facultades concurrentes de fiscalización y control a la industria… « y remarca otras irregularidades: «El Municipio también ha otorgado permisos y autorizado incrementos de potencia, superficie y personal, sin siquiera estar habilitada la empresa, y sin constatar el cumplimiento de los más elementales recaudos ambientales … La autorización de incremento del año 2006 es un ejemplo manifiesto, la inspección fue realizada luego de dos años advirtiendo recién en aquel momento que la empresa no contaba ni con CAA, ni con permiso de descarga de Emisiones Gaseosas, ni con Certificado de Habilitación Especial para la gestión de los residuos especiales, ni con la autorización para la explotación del recurso hídrico subterráneo, ni con el Permiso de vuelco de Efluentes Líquidos, ni con el Seguro Ambiental», concluyendo: «En función de lo expresado, habrá de declararse la responsabilidad del Municipio por haber omitido ejercer de modo diligente sus obligaciones de prevención y de ordenamiento ambiental de su territorio, permitiendo la configuración del daño ambiental».
La jueza ordena «primeramente la obligación de cesar en la producción del daño, de recomponer o remediar el daño causado, y, subsidiariamente para el caso de imposibilidad de la remediación, de pagar una indemnización sustitutiva», aclarando que «El cese del daño ambiental requiere decidir si corresponde la relocalización, o en su caso el cierre del establecimiento industrial».
El fallo da a Industrial Varela, «teniendo en miras la conservación de la fuente de trabajo de un gran de número de personas», según remarca, un plazo de un año para efectivizar el traslado o la reconversión de la actividad.

Mientras tanto…

Mientras la Justicia continúa su lento accionar, los vecinos sobreviven en condiciones infrahumanas, en un ambiente en el que ningún funcionario toleraría permanecer ni un solo día.
Ahí, con unas 20 fábricas amontonadas en un par de manzanas, muchas de ellas sospechadas de tirar sus residuos al arroyo Las Conchitas, confluyen un Jardín de Infantes y un asentamiento con chicos con alergias, problemas respiratorios y cutáneos, mientras unos cuantos pibes juegan al fútbol en una canchita que también está rellenada con materiales tóxicos. «Muchos pudieron irse de acá, pero el problema lo siguen teniendo encima. El daño a los mayores y a los jóvenes ya está hecho. El plomo no se va del cuerpo. Y es un daño a largo plazo», nos dice Marcela, que
confiesa que ya están cansados de «seguir torturando a los chicos con análisis para ver cuánto plomo tienen en la sangre».
Dieciséis años más tarde, los padecimientos de la gente de La Rotonda siguen vigentes, y la Comuna parece haberlos abandonado a su suerte.
Como si fueran ciudadanos de segunda. Como si fueran kelpers. Los kelpers de La Rotonda.