El enfrentamiento entre La Comuna y Junior terminó con represión y heridos

El conflicto entre el club Junior y la Municipalidad que se arrastra desde hace meses, escaló peligrosamente, sumando un inusualmente violento operativo nocturno de Infantería y Policía para desalojar el predio lindero a la sede de la entidad, que terminó con violentos enfrentamientos, detenidos y policías heridos.
La disputa se basa en el destino que se quiere dar a esos terrenos: para el club, al que concurren alrededor de cien niños y jóvenes, se trata de parte de su patrimonio, mientras que la Comuna sostiene que la propiedad es del estado municipal, al punto que ya proyectó instalar en el sitio un Centro de Rehabilitación, iniciativa a la que se le dio mucha difusión oficial a partir de la intensificación de los reclamos de los padres de los jugadores del club barrial, que marcharon al centro de la ciudad con la consigna «Junior no se toca».
Por su parte, las autoridades fijaron su posición. En una nota fechada el 18 de octubre, la Dra. Adriana Schulz, secretaria de Legal y Técnica del Municipio, informó: «Ayer por la mañana, hubo personas vinculadas a la institución, quienes manifestaban ser miembros de la comisión directiva, que impidieron el comienzo de las labores en el predio», y continuó: «debido a la imposibilidad de desarrollar los trabajos correspondientes, la Comuna efectuó una presentación ante la Comisaría N°2 del partido y entregó la documentación para acreditar la titularidad de la propiedad. El mismo procedimiento fue realizado en la Fiscalía Descentralizada N°5, a cargo del Dr. Bustos Rivas, donde no sólo dejar constancia de los títulos sino evaluar actuaciones judiciales por daños y perjuicios mediante acciones penales o civiles».
También se recordó: «En 2016, hubo una ordenanza que formalizaba la donación de la tierra a la entidad con una condición a cumplir: usarla con fines recreativos, culturales, sociales, deportivos. Sin embargo, fue revocada ya que hubo ciudadanos que vinieron a la Municipalidad para dejar constancia que compraron parcelas en ese lugar a presuntos directivos del establecimiento. Al detectar esas irregularidades y quedar explícito el incumplimiento, la determinación fue dejar sin efecto esa cesión incluso con una presentación en el Honorable Concejo Deliberante».
La Comuna asegura que integrantes de la comisión directiva actual de Junior mantuvieron múltiples reuniones con diferentes funcionarios municipales en los que «las autoridades aseguraron la continuidad de las actividades de la entidad» y que «los representantes de la institución expresaron su total consentimiento a la revocación de la donación de las tierras oportunamente implementada en una presentación ante la Comuna que constó en el Expediente Administrativo Nº4037-8581-D-2018, Alcance 1/20». «En esa documentación –agregan- manifestaron su deseo de solo utilizar las parcelas 14 y 21 de la manzana 9, pero detentaron la posesión del resto de las parcelas de dicha manzana».
El director general de Regularización Dominial, Hernán Losada, amplió: «Hubo familias que adquirieron parcelas en la manzana 8, ubicada detrás de la Unidad de Pronta Atención. Muchas de ellas presentaron una nota para acceder a los servicios indispensables. Al tomar conocimiento, en primera instancia procedimos a la revocación de la donación y las tierras regresaron al patrimonio del Ejecutivo local», destacando que iniciaron encuentros para resolver el problema habitacional ocasionado por la venta.

Un tema de vieja data

La historia arrancó hace más de 20 años, cuando el Municipio recibió varios lotes en esa zona como parte de una deuda de la firma Kanmar y cedió parte de ellos al club para ser utilizados con fines deportivos.
Pero, ya en 2016, y extrañamente dado el carácter excluyente que tenía la donación recibida, la comisión directiva que conducía a la entidad resolvió vender parte de esas tierras: la manzana número 9, integrada por 27 lotes. En 2019 funcionó efímeramente en el lugar el Programa «El Estado en tu barrio», dándose una circunstancia muy particular: el concejal Pablo Alaniz se habría comprometido a pagar parte de los gastos de EDESUR del club, lo que nunca se concretó. Luego, llegó la revocación por parte del Municipio de la donación de los lotes, para destinarlos a la construcción del Centro de Rehabilitación.
Esta dependencia sanitaria sería un lugar «con salas de estimulación temprana, mecanoterapia, cardioterapia, consultorios médicos, circuito terapéutico de kinesiología, hidroterapia, enfermería, vestuarios, diagnóstico por imagen, sanitarios, office, hall de acceso, entre otros espacios equipados con la maquinaria necesaria», que no afectaría al club, afirman. Al respecto, el director de Arquitectura Municipal, José Acosta, explicó: «Ocupamos un terreno propio con una construcción de 1000 metros cuadrados con espacios cubiertos, otros semi-cubiertos, con 50 mts de frente y 25 de fondo. Sin ninguna injerencia en el Club lindante. Estipulamos en 8 meses el tiempo de ejecución con un impacto positivo en la comunidad con más de 47 mil usuarios promedio».
Ante los avances del Municipio para iniciar la obra en el lugar, y la resistencia vecinal, el enfrentamiento tuvo su punto más grave en la noche del 19 de octubre pasado, cuando, por disposición del Juez de Garantías Julián Busteros, personal policial desalojó a quienes ocupaban el predio, en un procedimiento que sorprendió por la violencia desplegada, que terminó con detenidos y con agentes atendidos en el Hospital por heridas cortantes y fuertes traumatismos.
Los desalojados denunciaron haber sido objeto de disparos de perdigones y lanzamiento de gas mostaza, además de recibir golpes y sufrir la destrucción de sus celulares, con los que habían grabado el operativo. ¿Qué hubieran dicho los oficialistas defensores de los «derechos humanos» si algo así hubiera pasado en un municipio con un distinto signo político?.