Por Alejandro César Suárez | @alecesarsuarez
Toda esa barbarie volvió a apoderarse de las calles durante el reciente debate de los senadores por la Ley Bases enviada por el Gobierno Nacional y previamente aprobada en la Cámara de Diputados.
Piedrazos, roturas de veredas y de locales comerciales, incendios de las bicicletas de la ciudad, de basureros y también, del automóvil de un canal de televisión, bombas molotov y hasta una granada lista para usar encontrada en poder de uno de los «manifestantes». Toda esa barbarie volvió a apoderarse de las calles durante el reciente debate de los senadores por la Ley Bases enviada por el Gobierno Nacional y previamente aprobada en la Cámara de Diputados.
Una vez más, al igual que en 2017, la Izquierda, que insiste en autopercibirse como «el Pueblo» pero a la que en las Elecciones no vota nadie, intentó, con el apoyo del kirchnerismo, suspender la sesión y así, impedir la legítima acción de un órgano de la República, en este caso el Senado, valiéndose de la violencia y sembrando el caos que supla su orfandad de representatividad constitucional. Pero la firme determinación del Cuerpo y especialmente de su presidente, Victoria Villaruel, no lo permitió.
No hay que dejarse engañar: esa gente no quiere la Democracia. Jamás pueden quererla los admiradores de Maduro y de Putin.
Como en un eterno deja vu, algunos asistentes a la marcha fueron detenidos y liberados a los pocos días, lo que lleva a preguntarse si los apresados realmente fueron los que causaron los destrozos que todos pudimos ver, lo cual significaría que estuvo muy mal dejarlos libres, o si no participaron de los disturbios y fueron encerrados injustificadamente, lo que entrañaría una gravedad manifiesta y un avasallamiento de las libertades. Cualquiera de las dos opciones llevaría a la misma conclusión: la ausencia de Justicia.
De todos modos, no sería la primera vez en la Argentina que el que rompe, no paga. La impunidad con la que se manejaron, especialmente durante los últimos años, los que destrozan los bienes públicos -y privados- en nombre de sus revoluciones de café de barrio, fue una constante permitida por el garantismo alentado desde un Estado que tenía una especial debilidad por los delincuentes.
¿Quiénes de los que tiraron 14 toneladas de piedras contra el Congreso hace siete años pagaron por tal acción?
Y hablando de delitos y falta de Justicia, se conoció en estos días que la Cámara Federal de Casación Penal emitió un fallo favoreciendo al empresario Angelo Calcaterra –primo de Mauricio Macri- al interpretar que las supuestas coimas pagadas durante el Gobierno Kirchnerista fueron en realidad «aportes para la campaña», intentando que la «Causa de los Cuadernos», tal vez la máxima muestra del mecanismo de corrupción de las últimas décadas, que incluyó a empresarios y funcionarios, se desintegre y pase a ser investigada por la Justicia Electoral, donde las penas serán mucho más benévolas. Un fallo que claramente podrá ser utilizado por los demás acusados en el expediente -muchos de los cuales confesaron su culpabilidad en sede judicial- para ser exonerados y quedar limpios de toda acusación. Mientras resta aún la esperanza de la intervención de la Corte Suprema para dar vuelta esta absurda pretensión, es necesario volver al punto que mencionamos con anterioridad: en este caso, tampoco se hace Justicia.
Ya sea un violento energúmeno que tira piedras en la calle, o un ladrón de guante blanco que reparte bolsos con dólares a los funcionarios de turno a cambio de favores varios, otra vez, el que rompe, no paga.