No nos toquen la caja...

El nuevo round de la pelea entre el Gobierno Nacional y los intendentes llegó con una medida impulsada desde el Ministerio de Economía que beneficiaría a miles de usuarios, pero que fue rechazada por los barones del Conurbano y otras zonas bonaerenses. Se trata de la prohibición de que los Municipios cobren un monto extra dentro de las tarifas de luz, gas y agua que llegan a cada domicilio.
A través de una resolución de la Secretaría de Comercio se buscó limitar el cobro de «cargos ajenos», acción que los Municipios llevan adelante, por ejemplo, a percibir la tasa de alumbrado público en las facturas de luz. Desde el Palacio de Hacienda se dijo que lo que se busca es «que los intendentes se hagan cargo de los impuestos que cobran». El propio Ministro de Economía de la Nación advirtió al respecto: «los municipios esconden cobardemente sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios».
«Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos», dice la resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio.

Las reacciones a la medida no se hicieron esperar. El gobernador Axel Kicillof, que pocos días antes le dio un cargo en Provincia al ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich, rechazó la resolución y un ente oficial, el Oceba (Organismo de Control de la Energía Bonaerense), emitió un comunicado que afirma que las empresas distribuidoras pueden incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales y que la pretensión del Gobierno Nacional «intenta avasallar competencias provinciales».
Según cálculos del CEPIF (Centro de Estudios en Finanzas Públicas), tres de cada diez pesos que se abonan en las facturas de luz y gas de los municipios no tienen relación con los servicios que prestan, sino con el afán recaudatorio de esos municipios.
Como se esperaba, la medida fue judicializada, y un juez federal dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución citada. Se trata del Juez de Campana Adrián González Charvay, de la jurisdicción de Campana, y su acción por ahora solo regirá en su distrito. Sin embargo, este movimiento puede abrir la puerta a cientos de juicios, que deberán resolver si una decisión del Ministerio de Economía puede predominar sobre una norma de la Legislatura bonaerense, que había permitido este mecanismo de recaudación.
«Queremos que quede claro a los vecinos que estas subas de los servicios no son provocadas por el Gobierno nacional, sino por los intendentes», señaló el Ministro Caputo.