Las cuentas claras

Mientras parece encaminarse a una ruptura, como tantas en su historia, en medio de los enfrentamientos –muchos de ellos, violentos- de su interna, el peronismo hace lo que suele hacer cuando no está en el poder: obstaculizar al que gobierna, si es posible, disimulando sus intenciones a través del levantamiento de banderas colectivas. Del mismo modo que el kirchnerismo se «adueñó» de los Derechos Humanos, sacando enormes provechos electorales y bastardeando causas que fueron legítimas, ahora pretende ser el adalid de las jubilaciones justas y la educación pública. Como si esas tres nobles cuestiones no le importaran a la mayoría de los argentinos.
A la hipócrita «defensa de los jubilados» que se olvidó el veto del 82 por ciento dispuesto en sus tiempos por la propia Cristina Kirchner, le siguió el intento por tirar abajo otro veto del gobierno, el del presupuesto universitario, cuando nadie había objetado el recorte de 70.000 millones de pesos que Sergio Massa, ministro, candidato derrotado e integrante del fracasado triunvirato (Alberto, CFK y él mismo) que destruyó el país durante los últimos cuatro años, dispuso durante la última experiencia peronista en el poder. ¿Y si estos paladines de los adultos mayores empiezan por renunciar a sus jubilaciones de privilegio?
Y del mismo modo en el que, durante el gobierno de Macri se inventó que «se iba a cerrar el Hospital El Cruce», algo en todo momento desmentido por las autoridades de entonces, intentando movilizar a la gente contra una pretensión irreal, ahora se busca instalar una falsa intención gubernamental de «privatizar la educación pública» o «arancelarla».
Más allá de los indudablemente bajos sueldos de los docentes, algo que no viene de ahora, lo que el gobierno busca, en cuanto a las universidades, es auditar sus gastos. No se trata de nada extraordinario. Solamente, de saber en qué y de qué manera se gasta cada peso que el Estado les transfiere. Algo que no debería causar tanta resistencia. Las universidades públicas, como todos los organismos públicos, deberían publicar en las redes todos sus ingresos y gastos, sin tantas vueltas. Nada difícil en estos tiempos. Salvo que se busque esconder algunas cosas. Y de eso, mucho se descubrió últimamente. Por ejemplo, en la Universidad de San Martín, que usó millones de pesos para pagar una novela con Andrea del Boca, que nunca se emitió, mientras su Campus se quedaba sin terminar. O las causas por desvíos de fondos contra los decanos de la Facultad Regional de la Plata de la Universidad Tecnológica Nacional o la UTN de Río Gallegos. ¿Y qué decir de la UNAJ, cuyos recursos e instalaciones se emplearon repetidamente y con total desparpajo para actos kirchneristas?
Pero ahí está la UBA, buscando por todos los medios no ser auditada, en lugar de mostrarnos a todos que sus cuentas están limpias. Hay más de 8000 millones de pesos y más de 2000 convenios -algunos de ellos por lo menos muy singulares- que no fueron rendidos. Su propio Rector pasó vergüenza hace pocos días durante un reportaje radial, al no saber responder cuál es el presupuesto de la Universidad.
La Universidad Pública y gratuita es una bandera y un orgullo de todos los argentinos. Utilizarla para negociados o para fines partidarios es denigrarla. Otorgarle transparencia es una obligación. Se acabó la época de usar la plata de todos para mantener a un partido político, a sus socios y amigos.
Por ahora, la gente votó y apoya otra cosa. El kirchnerismo no quiere entenderlo. ¿El Gobierno lo entenderá del todo?