Paloma, Josué y la trama de la corrupción

Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, caminaban por las abandonadas calles de Bosques cuando uno o más delincuentes, por motivos que aún se desconocen, los mataron a piedrazos a dos cuadras de una Comisaría, en un lugar como tantos de este distrito, sin iluminación, con altos pastizales, lleno de basura y de roedores. Paradójicamente, pocas semanas antes, Bosques había sido «elegida» por la Inteligencia Artificial como «la localidad varelense más feliz». La opinión cibernética se fundamentó en factores como «la tranquilidad, los espacios verdes y la comunidad amigable que caracteriza al sitio».
Pero el asesinato de Paloma y Josué no es un hecho aislado. Es el último eslabón –hasta hoy- de una cadena de violencia donde se conjugan la inseguridad, la negligencia de las autoridades y las complicidades policiales y hasta judiciales para buscar el olvido y garantizar la impunidad, en este caso como en tantos otros, sin límite moral alguno.
Florencio Varela ya no es el remanso de paz que conocieron nuestros abuelos. En los últimos 40 años, el sector político que se adueñó de la administración de la ciudad la hundió en la mayor de las degradaciones.
Al total abandono en su infraestructura, que llenó el distrito de asentamientos sin los servicios públicos esenciales y la cruda realidad de miles de varelenses caminando sobre el barro, sin cloacas y en gran medida hasta sin agua potable, se sumó en los últimos tiempos el imperio de la violencia haciendo de Varela un lugar cada día más inseguro.
Y no hablamos sólo de las crecientes «entraderas», muchas de ellas ensañándose con ancianos y en pleno centro. Entraderas, bueno es recordarlo, en las que participaba el chofer de Hugo Pereyra, importante figura del oficialismo y funcionario de Watson, que además, tenía una radio con la frecuencia de la Guardia Comunal.
El caso de estos dos jovencitos encontrados brutalmente asesinados a metros del puente de Bosques remite a otros sucesos no tan lejanos en el tiempo por varias similitudes que hablan de un patrón que se repite sin que los funcionarios hagan algo por evitarlo.
Se trata de temas mucho más pesados. Como la masacre de Senzabello, en 2017, cuando cuatro chicas que venían de bailar fueron atacadas a tiros, muriendo dos de ellas, en un hecho jamás esclarecido, o el tiroteo –con más de 130 balazos- entre bandas narco de 2021, en el «puente amarillo» del Barrio San Rudecindo, que causó tres muertes, una de ellas, de una joven que estaba sentada a la mesa con su familia, o la desaparición de Lucas Escalante y el asesinato de Lautaro Morello, en 2022, que pronto irá a juicio por la acción de un Fiscal honesto, capaz y decidido, como Daniel Ichazo. En los tres casos, pueden encontrarse ocultamientos y complicidades de sectores de la Policía Bonaerense y extrañas demoras y excusaciones de parte de las autoridades judiciales. También, uniendo los tres episodios, ensordece el silencio que emana del Intendente, sus concejales y los supuestos «opositores».

Las similitudes abarcan a las comisarías y a los fiscales. Tanto en el caso de Lautaro y Lucas como en el de Paloma y Josué, actuó –con enormes irregularidades- la Comisaría Cuarta. La misma dependencia que había sido intervenida en 2021, después del enfrentamiento narco, en medio de acusaciones de los vecinos.
Cabe destacar que los padres de Josué tuvieron que esperar más de cuatro horas en esa comisaría para que se dignaran a tomarles la denuncia de la desaparición de su hijo.
En los dos casos también, el Fiscal fue Hernán Bustos Rivas. En ambos episodios, no se cuidó la escena del crimen –el incendio del predio donde se encontraron los cuerpos y el rastrillaje ordenado doce días después del hecho son las últimas pruebas de ello- y los policías buscaron desviar la atención de los familiares de las víctimas hacia pistas falsas, lo que derivó en el apartamiento de la Bonaerense de las dos investigaciones.
En el caso de Senzabello, actuó la controvertida fiscal Mariana Dongiovanni, igual que en el caso de Lucas y Lautaro. Su labor en la masacre de las chicas fue lamentable y terminó con la causa archivada. En la segunda causa, los familiares de las víctimas se quejaron de su trato y sobre todo, de que haya puesto a «investigar» a uno de los detenidos por el hecho, el comisario Centurión. Finalmente, la Comisión Provincial por la Memoria pidió que la mujer, que ya no ejerce su cargo, y que estuvo muy unida al poder político varelense, sea sometida a un jury.
Volviendo a Bustos Rivas -un fiscal que fue condenado por no pagar alimentos a sus hijos- pidió ser apartado de la causa de Paloma y Josué alegando insólitamente «sentirse amenazado» por el abogado de Josué, Dr. Carlos Diéguez, a lo que el Juez Marcelo Villagra accedió.
¿Cuál fue la reacción de la Comuna ante este nuevo crimen que volvió a poner a Varela en todos los medios nacionales? Apenas un comunicado en el que ni siquiera se nombra a los chicos asesinados, se informa que se había intimado a los propietarios del predio a ponerlo en condiciones, se anuncia que por decisión del «alcalde» (así le gusta llamar a Watson a la Oficina de Prensa Municipal) comenzaron a hacer «limpieza» en el lugar y se recuerda cuántas luces se colocaron en el barrio. Puro maquillaje para tanto dolor e indignación.
El asesinato de Paloma y Josué es otro escándalo que demuestra la ausencia del Estado, justamente en un distrito donde gobiernan los paladines del «Estado presente» desde hace más de cuatro décadas.
¿Será otro caso más que quedará impune?
La respuesta es imaginable. Hace pocos días, quisieron secuestrar a una chica que se dirigía al colegio, a solo dos cuadras del lugar donde encontraron los cuerpos de Paloma y Josué. El hecho quedó registrado por cámaras privadas.
¿Estarán esperando más muertes para ponerse a gobernar en serio?