Paloma, Josué y la trama de la corrupción

Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, caminaban por las abandonadas calles de Bosques cuando uno o más delincuentes, por motivos que aún se desconocen, los mataron a piedrazos a dos cuadras de una Comisaría, en un lugar como tantos de este distrito, sin iluminación, con altos pastizales, lleno de basura y de roedores. Paradójicamente, pocas semanas antes, Bosques había sido «elegida» por la Inteligencia Artificial como «la localidad varelense más feliz». La opinión cibernética se fundamentó en factores como «la tranquilidad, los espacios verdes y la comunidad amigable que caracteriza al sitio».
Pero el asesinato de Paloma y Josué no es un hecho aislado. Es el último eslabón –hasta hoy- de una cadena de violencia donde se conjugan la inseguridad, la negligencia de las autoridades y las complicidades policiales y hasta judiciales para buscar el olvido y garantizar la impunidad, en este caso como en tantos otros, sin límite moral alguno.
Florencio Varela ya no es el remanso de paz que conocieron nuestros abuelos. En los últimos 40 años, el sector político que se adueñó de la administración de la ciudad la hundió en la mayor de las degradaciones.
Al total abandono en su infraestructura, que llenó el distrito de asentamientos sin los servicios públicos esenciales y la cruda realidad de miles de varelenses caminando sobre el barro, sin cloacas y en gran medida hasta sin agua potable, se sumó en los últimos tiempos el imperio de la violencia haciendo de Varela un lugar cada día más inseguro.
Y no hablamos sólo de las crecientes «entraderas», muchas de ellas ensañándose con ancianos y en pleno centro. Entraderas, bueno es recordarlo, en las que participaba el chofer de Hugo Pereyra, importante figura del oficialismo y funcionario de Watson, que además, tenía una radio con la frecuencia de la Guardia Comunal.
El caso de estos dos jovencitos encontrados brutalmente asesinados a metros del puente de Bosques remite a otros sucesos no tan lejanos en el tiempo por varias similitudes que hablan de un patrón que se repite sin que los funcionarios hagan algo por evitarlo.
Se trata de temas mucho más pesados. Como la masacre de Senzabello, en 2017, cuando cuatro chicas que venían de bailar fueron atacadas a tiros, muriendo dos de ellas, en un hecho jamás esclarecido, o el tiroteo –con más de 130 balazos- entre bandas narco de 2021, en el «puente amarillo» del Barrio San Rudecindo, que causó tres muertes, una de ellas, de una joven que estaba sentada a la mesa con su familia, o la desaparición de Lucas Escalante y el asesinato de Lautaro Morello, en 2022, que pronto irá a juicio por la acción de un Fiscal honesto, capaz y decidido, como Daniel Ichazo. En los tres casos, pueden encontrarse ocultamientos y complicidades de sectores de la Policía Bonaerense y extrañas demoras y excusaciones de parte de las autoridades judiciales. También, uniendo los tres episodios, ensordece el silencio que emana del Intendente, sus concejales y los supuestos «opositores».