Luis Armella, el juez que durmió la causa contra Julio Pereyra

Ahora que el lento andar del Juez Luis Armella en el escandaloso caso de Martín Insaurralde es tema de debate a nivel nacional, es bueno recordar que hace casi diez años que el mismo magistrado tiene cajoneada en su despacho la denuncia que Elisa Carrió le hizo por «enriquecimiento ilícito» a Julio Pereyra.
En un reportaje de Mi Ciudad, la abogada Mónica Frade –hoy diputada nacional- que acompañó a Carrió en su presentación, nos decía en enero de 2017: «vamos a investigar no solo a Pereyra, sino también a su círculo familiar… Detectamos muchas propiedades a nombre de su primera mujer, Beatriz Mohni, y de su segunda mujer, Natalia Salas, aunque en este caso puede darse el caso de que haya heredado alguna de las propiedades. Pero lo más curioso es lo de Mohni… Ella desde 2004 está inscripta en la AFIP como empresaria, aunque nadie le conoce un trabajo. Mohni tiene una sociedad llamada Suvara SRL con sus dos hijos mayores, Daniel y Romina Pereyra. Cuando Mohni se separó de Pereyra no tenía bienes, y no hay registros de que Pereyra le haya dejado bienes a ella. El inmueble más llamativo es el del country Las Acacias, de Berazategui, pero además tiene una casa en City Bell, casas en La Plata y casa en Varela… Todavía no tenemos las valuaciones pero pronto las vamos a tener. El caso de ella es muy impactante: Mohni no tenía absolutamente nada, entonces la primera hipótesis es que esto sea el resultado de una disolución de sociedad conyugal con Julio Pereyra. Por eso, ella queda en el foco de la investigación. Y también los hijos. Esta es la causa por la que en este Legajo se pidieron informes a la UIF, sobre operaciones sospechosas y a la AFIP, para que remita todas las declaraciones juradas de Pereyra desde 2003 en adelante. Pedimos toda la evolución patrimonial de él. También informes a los Registros de la Propiedad de Capital y de la Provincia de Buenos Aires, y a la provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo. A los registros de buques y aeronaves… Y vamos a enviar un exhorto, a Estados Unidos, para saber si tiene bienes en ese país, cosa que entendemos que es así. Además solicitamos informes a Migraciones para que nos digan cuantas veces viajó Pereyra al exterior, por cuanto tiempo y a qué lugares, para cruzar esos datos con las supuestas charlas que él dice haber dado».
En septiembre de 2016, Carrió denunció al ex intendente de Florencio Varela y a varios proveedores del Municipio, entre ellos, Francisco «Chicho» Basile, y mencionó la posibilidad de que el viejo barón del Conurbano «haya sido titular de cuentas offshore al menos hasta 2009».
La denuncia dice que Pereyra pudo haberle alquilado a su ex esposa, Natalia Salas, un departamento en el Edificio Chateau de Puerto Madero. «De confirmarse esto –dice el escrito- estaríamos en presencia de una locación promedio de 2000 dólares mensuales».
La presentación hablaba también de la vivienda del ex intendente: «Reside en una casa quinta del Barrio Los Ombúes del Partido de Florencio Varela… Afirma que no le pertenece, sino que la arrienda…De no ser Pereyra su verdadero propietario y no hacer figurar un precio locativo vil; por ubicación, extensión y características de la edificación, su pago locativo mensual, tendría que insumirle una importante porción de su magro ingreso. Si a esto le sumamos los «arreglos» edilicios que afirmó estar haciéndole a una residencia «ajena», podríamos válidamente concluir que, no hay correspondencia entre sus ingresos y egresos…».

Desde 2003 en adelante, Pereyra fue uno de los Intendentes que más fondos recibió del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Desarrollo Social. La denuncia enumeraba varias obras a investigar, entre ellas los complejos del Plan Federal de Viviendas de los barrios Las Margaritas, San Jorge y Villa del Plata.
Carrió también menciona que Pereyra «desdobla compras, con el propósito de eludir trámites licitatorios, y fue autor de irregularidades en la contratación y prestación de servicios, por intermedio de la empresa KAVOS S.A., a quien se le habrían abonado servicios no prestados, y de irregularidades en la contratación y prestación de servicios mediante las empresas CUMBRES NEVADAS S.A., OFISER S.H., SERVICIOS Y GESTION S.A., TURE S.A., KAVOS S.A. y Cooperativas Felipe Varela Ltda.., Juana Azurduy Ltda., 1 de Mayo Ltda.., José Gabriel Condorcanqui Ltda.., Trabajo y Dignidad Ltda.., Juan Pablo II Ltda. y 31 de Mayo Ltda.».
Además, el escrito dice: «Las denominaciones societarias: «Servicios y Gestión SA» y «Ture SA», fueron contratadas reiteradamente y de modo directo, durante años y, la explicación es simple. Son denominaciones societarias constituidas por Francisco Basile e hijos… Basile, además de ser beneficiario de contrataciones directas, por intermedio de las sociedades mencionadas y de una Cooperativa que conduce y controla; fue beneficiario de uno de los mayores negocios: el de recolección de residuos…La llegada de Basile a la recolección de residuos fue totalmente irregular. A la licitación se presentó la UTE que ejercía el servicio, y la cooperativa de Basile, que aún sin acreditar personal, camiones ni talleres suficientes ganó la contratación. El cambio de servicio debía iniciarse en noviembre de 2013 y recién se concretó en mayo de 2014. Basile pidió una prórroga de seis meses, en la que absorbió toda la infraestructura de la empresa que ya operaba…».
Carrió aportó documentación que probaba la conexión de Basile con «TURE SA» con sede en Av. de Mayo Nº 1370 de CABA , y «SERVICIOS Y GESTION SA», con domicilio en calle San Lorenzo N’1566 de Florencio Varela.
En la parte final de su denuncia, Carrió decía: «La obra y los servicios públicos en Florencio Varela han sido el vehículo para que, por intermedio de cooperativas fantasmas y/o controladas por amigos; se desviaran y sustrajeran fondos públicos con participación y/ o anuencia del denunciado; quien a lo largo de 22 años, estuvo –sin interrupción- a cargo de todo su manejo. Su simultánea participación como titular de la FAM y FLACMA tendrá que integrar la presente investigación penal, atento que, ambas Federaciones fueron beneficiarias de subsidios de los Gobiernos Nacional y Provincial».
El 19 de septiembre de ese año, la Justicia allanó las instalaciones de la Municipalidad de Florencio Varela y el Concejo Deliberante, retirando gran cantidad de documentación. Un día después, el Fiscal Rigonatto decidió imputar a Pereyra.
Sin embargo, nunca más se tuvieron noticias sobre la causa, que Armella decidió dormir en algún lugar de su despacho.